El 11 de noviembre de 2022, el Gobierno ecuatoriano comunicó a Petrolia el inicio del proceso de reversión de los bloques 16 y 67, para que sean entregados a la Secretaría de Hidrocarburos. Es decir, para que retornen a gestión y explotación del Estado. Además, reiteró que el plazo de vigencia del contrato de exploración y explotación de hidrocarburos vence el 31 de diciembre de 2022.
Inicialmente, los bloques estaban en manos de Repsol pero pasaron a New Stratus Energy (NSE), ahora conocida como Petrolia, a través de una venta de acciones. A criterio del Ministerio de Energía y Minas, la transferencia de un contrato de hidrocarburos requiere de un acuerdo ministerial que habilite a la Compañía a ser titular de los bloques. Por ello, concedió un plazo de 10 días para que se presente la acreditación económica, financiera y técnica de NSE. Petrolia argumentó que no se requiere de dicho acuerdo, ya que no hubo cambio de operadora. La sanción prevista en la Ley de Hidrocarburos para transferencias no autorizadas es la caducidad del contrato.
En cuanto al proceso de reversión, el apoderado general de Petrolia señaló que la compañía ha cumplido con sus obligaciones y que su actuación se ha guiado por la buena fe. Así mismo, mencionó que el Gobierno conocía la intención de la compañía de ampliar los contratos y aumentar las inversiones, pues Petrolia ha solicitado reiteradamente la conformación de un comité que analice el pedido de ampliación. El Gobierno negó la solicitud de Petrolia para renovar el contrato y estableció que los bloques serán revertidos al Estado. Además, aclaró que la extensión del plazo es una facultad discrecional del Estado y que la insistencia de NSE para que se les entregue los bloques en un sistema no competitivo es ilegal y éticamente inaceptable. EP Petroecuador iniciará la operación de los bloques a partir del 1 de enero de 2023.
Petrolia estableció que se han vulnerado sus derechos por la interrupción abrupta del proceso de renegociación del plazo y cambio de modalidad de los contratos modificatorios. Por ende, recurrirá al arbitraje internacional con una demanda inicial de 260 millones de dólares.
