DESCRIPCIÓN:

Ecuadorian Very Young Arbitration Practitioners (ECUVYAP) es un espacio académico y profesional para jóvenes interesados en el arbitraje local e internacional que tienen algún vínculo con Ecuador. 

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La misión del ECUVYAP es fomentar el interés de nuevas generaciones de estudiantes y abogados jóvenes en la práctica de arbitraje local e internacional. De esta manera, el ECUVYAP ofrece una plataforma para que puedan intercambiar opiniones, ideas, proyectos y actividades sociales relacionadas con temas relevantes en materia de arbitraje.

BLOG:

El ECUVYAP Blog es una plataforma digital en la que se publicarán y discutirán temas relevantes y de vanguardia en materia de arbitraje local e internacional. Este espacio busca el desarrollo académico y profesional de sus participantes a través de la publicación de artículos, noticias y opiniones que promuevan el debate académico.

Amicus curiae sobre la improcedencia de la acción de protección contra directores de los Centros de Arbitraje

Amicus curiae sobre la improcedencia de la acción de protección contra directores de los Centros de Arbitraje
diciembre 21, 2021

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Ecuadorian Very Young Arbitration Practitioners (ECUVYAP), la organización de Mujeres Constitucionalistas del Ecuador y los institutos ecuatorianos de Arbitraje y de Derecho Procesal se unieron para presentar un amicus curiae para oponerse a una acción de protección presentada por el Municipio de Manta contra la Dirección del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito (CAM Quito).

El 4 de noviembre de 2021, un juez constitucional de primera instancia dejó sin efecto el auto de calificación de una demanda arbitral, dictado por la Directora del CAM Quito, a través de una sentencia de acción de protección. Esto motivó que ECUVYAP, IEA, IEDP y la organización de Mujeres Constitucionalistas del Ecuador presenten un amicus curiae el 15 de diciembre de 2021 ante la Corte Provincial de Justicia de Manabí, ofreciendo argumentos técnicos y jurídicos para que se revoque la decisión de primera instancia por tratarse de una indebida intromisión de la justicia constitucional en el arbitraje.

El juzgador constitucional de primera instancia determinó que la admisión a trámite de la demanda arbitral violó los derechos del Municipio de Manta a la seguridad jurídica y a un juez competente porque –a su criterio—las controversias entre la Administración Pública y los administrados no pueden ser llevadas a arbitraje, sino que sólo deben ser resueltas por la jurisdicción contencioso administrativa. También, sostuvo que el convenio arbitral en el que se basó la demanda de arbitraje contra el Municipio “únicamente establec(ía) de forma potestativa y no obligatoria, que se podrá acudir a este mecanismo alternativo”. Por lo cual, dispuso a la Directora del CAM Quito que se abstenga de continuar tramitando el arbitraje.

Con ese antecedente, el amicus curiae desarrolló cuatro argumentos principales:

1. Es improcedente que el Estado (Municipio de Manta) demande reparación de derechos a un particular (Directora de CAM Quito) a través de una acción de protección, de conformidad con el precedente jurisprudencial obligatorio No. 282-13-JP/19 de la Corte Constitucional.

2. El auto de calificación de la demanda arbitral, dictado por la Directora del CAM Quito, no es susceptible de acción de protección.

2.1. Si el auto se mira como una decisión jurisdiccional, la acción incurre de lleno en la causal de improcedencia establecida en el artículo 42.6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

2.2. Si se toma como un acto proveniente de un ente privado en ejercicio de funciones meramente administrativas, este forma parte de un proceso jurisdiccional. Por lo cual, no es objeto de la garantía bajo los parámetros de la sentencia No. 304-13-EP/20 de la Corte Constitucional.

3. El juez de primera instancia invadió competencias de la Corte Constitucional. En sede constitucional, la Corte Constitucional se ha reservado la competencia para solventar posibles violaciones a derechos procesales en el arbitraje a través de la acción extraordinaria de protección, en un control posterior a la emisión del laudo.

4. La autoridad constitucional de primera instancia se extralimitó en sus competencias al entrar a analizar la existencia, validez y alcance del convenio arbitral. Esto le corresponde al tribunal arbitral y constituye una transgresión de la garantía del juez competente, conforme reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional.

De manera subsidiaria, el amicus curiae propone que la acción de protección debe declararse improcedente porque la Directora del CAM Quito no violó los derechos del Municipio de Manta. En esencia, se argumenta que admitir la demanda arbitral era una obligación para la Directora y que esta no podía, ni debía entrar a analizar cuestiones relativas a la competencia del tribunal arbitral.

El caso se encuentra en estado de autos para resolver, sin convocatoria a audiencia en segunda instancia.

Para leer el amicus curiae ingresar a:
https://ecuvyap.iea.ec/pdfs/ECUVYAP-Amicus-AP_Manta.pdf

Dos acciones de inconstitucionalidad admitidas contra el Reglamento a la LAM

Dos acciones de inconstitucionalidad admitidas contra el Reglamento a la LAM
diciembre 21, 2021

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El 15 de octubre y 19 de noviembre de 2021, la Corte Constitucional admitió las acciones de inconstitucionalidad No. 74-21-IN y 72-21-IN, respectivamente. Ambas presentadas contra el Reglamento a la LAM.

Desde que el Presidente de la República dictó el Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación (“LAM”) a través del Decreto No. 165 de 18 de agosto de 2021, se han presentado siete acciones de inconstitucionalidad en su contra. Dos de ellas fueron admitidas por la Corte Constitucional y las demás aún no reciben un pronunciamiento de la Sala de Admisión.

El 15 de octubre de 2021, los jueces constitucionales Karla Andrade Quevedo (ponente), Carmen Corral Ponce y Agustín Grijalva Jiménez decidieron admitir a trámite la causa No. 74-21-IN, presentada por Esther Cuesta Santana y otros cinco asambleístas contra los artículos 3 y 4 del Reglamento a la LAM. Sin embargo, negaron el pedido de suspensión provisional de los efectos de la norma.

Luego, el 19 de noviembre de 2021, la Corte admitió la acción No. 72-21-IN presentada por Mónica Palacios Zambrano y Pamela Aguirre Zambonino contra los artículos 2 y 3 del Reglamento a la LAM. Esta fue acumulada al caso No. 74-21-IN por la conexidad de normas. El tribunal de admisión estuvo conformado por los jueces constitucionales Teresa Nuques Martínez (ponente), Karla Andrade Quevedo y Alí Lozada Prado, quienes tampoco aceptaron la solicitud de las accionantes de que se suspendan los efectos de las normas impugnadas.

Los artículos 2, 3 y 4 del Reglamento a la LAM regulan cuestiones relativas a arbitrajes internacionales con sede en el Ecuador y en el extranjero, así como, arbitrajes con el Estado. En lo principal, su constitucionalidad ha sido cuestionada por una supuesta incompatibilidad con el artículo 422 de la Constitución.

Finalmente, la sustanciación del control de constitucionalidad de los artículos 2, 3 y 4 del Reglamento a la LAM está asignada a la jueza ponente Karla Andrade Quevedo, de conformidad con los artículos 7 y 13 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

Referencias:

  • Corte Constitucional del Ecuador, Sala de Admisión, Auto No. 74-21-IN, 15 de octubre de 2021.
  • Corte Constitucional del Ecuador, Sala de Admisión, Auto No. 72-21-IN, 19 de noviembre de 2021.

La Corte Constitucional admite acción de inconstitucionalidad contra la ratificación del CIADI

La Corte Constitucional admite acción de inconstitucionalidad contra la ratificación del CIADI
diciembre 21, 2021

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El 15 de octubre de 2021, la Corte Constitucional admitió la acción de inconstitucionalidad No. 62-21-IN, presentada contra el decreto ejecutivo de ratificación del CIADI.

Tras el regreso del Ecuador al Convenio de Washington de 1966 (CIADI), se han activado dos acciones ante la Corte Constitucional para impugnar su constitucionalidad. Además, existen otras seis acciones de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo No. 122 de 16 julio de 2021, mediante el cual se ratificó la suscripción del CIADI[1]. Una de estas últimas causas ya fue admitida por la Corte Constitucional el 15 de octubre de 2021.

El tribunal de la Sala de Admisión, conformado por el juez Agustín Grijalva Jiménez (ponente) y las juezas Karla Andrade Quevedo y Carmen Corral Ponce, decidió admitir a trámite el caso No. 62-21-IN, presentado por Rebeca Veliz Ramírez y por Virgilio Hernández Enríquez en contra del Decreto No. 122. Sin embargo, negó el pedido de suspensión provisional de los efectos del acto y señaló que la recusación contra los jueces Hernán Salgado Pesántes y Teresa Nuques Martínez sería resuelta en el momento procesal oportuno.

La demanda admitida centra sus argumentos en la incompatibilidad entre la ratificación del CIADI y el artículo 422 de la Constitución. En este sentido, se han presentado alredor de sesenta escritos, auto-identificados como amicus curiae, pero en su mayoría son formularios que corresponden a un formato único, variando solamente los nombres de comparecientes y pies de firma.

Por su parte, la Presidencia de la República y la Procuraduría General del Estado defienden la constitucionalidad del Decreto No. 122, basados en dos cuestiones: (i) la ratificación del CIADI se hizo en cumplimiento del dictamen No. 5-21-TI/21, donde se ordenó que el Ejecutivo “continúe con el trámite correspondiente”, dado que no se requería aprobación legislativa; y (ii) no se contraviene el artículo 422 de la Constitución porque la ratificación del CIADI no comporta, por sí sola, una obligación de someter controversias a arbitraje.

Bajo ese contexto, el juez ponente Agustín Grijalva tendrá a su cargo elaborar el proyecto de sentencia sobre la constitucionalidad del decreto de ratificación del CIADI, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

Por último, aún está pendiente que la Sala de Admisión de la Corte Constitucional se pronuncie respecto a los otros cinco[2] casos que versan sobre este asunto. En el evento de ser admitidos, deberán acumularse a la causa No. 62-21-IN por haber sido la primera admisión sobre el Decreto No. 122, según el artículo 13 del Reglamento. También, está por verse si la Corte admite las acciones No. 66-21-IN y 94-21-IN presentadas contra el CIADI y si -de hacerlo- estima adecuado acumularlas al caso No. 62-21-IN por la conexidad con el acto de ratificación.

[1] IEA, “Múltiples acciones de inconstitucionalidad han sido presentadas en asuntos relacionados al arbitraje nacional e internacional”, 27 de octubre de 2021. URL: https://iea.ec/noticias/multiples-acciones-de-inconstitucionalidad-han-sido-presentadas-en-asuntos-relacionados-al-arbitraje-nacional-e-internacional/

[2] Casos 63-21-IN, 64-21-IN, 83-21-IN, 86-21-IN, 93-21-IN.

Referencias:

  • Corte Constitucional del Ecuador, Sala de Admisión, Auto No. 62-21-IN, 15 de octubre de 2021.

Nuevo programa de defensa preventiva de la PGE

Nuevo programa de defensa preventiva de la PGE
noviembre 23, 2021

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La Procuraduría General del Estado anunció el lanzamiento de un nuevo programa, “Procuraduría del Futuro” que tiene como objeto prevenir que el Estado se enfrente a un proceso de arbitraje internacional. Para ello, se busca fortalecer la institucionalidad del Estado al implementar mecanismos de coordinación entre instituciones.

El 23 de noviembre de 2021, el Presidente de la República y el Procurador General del Estado presentaron la iniciativa “Procuraduría del Futuro” el cual pretende reducir la conflictividad del Estado y asegura el buen uso de recursos públicos a través de la ejecución de un nuevo modelo de gestión. Este proyecto será impulsado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.

En su presentación, la Procuraduría General del Estado identificó cuatro etapas de la defensa jurídica del Estado: (i) la prevención de las disputas, (ii) la solución amistosa, (iii) la representación y patrocinio, y la recuperación y repetición. Asimismo, reconoce que el equipo de defensa ha puesto mayor énfasis en la etapa de representación y patrocinio. 

Durante la introducción de la propuesta, se indicó que la Procuraduría ha intervenido representando al Estado en más de 102.000 procesos judiciales locales, 34 procesos internacionales y 291 procesos ante los sistemas universal e interamericano de derechos humanos. Lo que representaría un pasivo contingente de por lo menos $57.000 millones. Por ello, recalcó la importancia de evitar la mayor cantidad de procesos judiciales en etapas tempranas. 

La propuesta busca que se atienda todo el ciclo de defensa con un enfoque preventivo, proactivo, científico y buscando la uniformidad de criterio. Para ello, se busca implementar mecanismos de capacitación, investigación e iniciativa legislativa y se resalta la necesidad del trabajo de personal especializado en uso de procesos ágiles y sistemas de gran avance tecnológico. 

Para la ejecución de este plan, se desarrollará el Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Este sistema comprende un mecanismo de coordinación que comprende a todos los equipos jurídicos de los organismos e instituciones del sector público, el cual será liderado por la Procuraduría General del Estado.

Caso Oxy: Se confirma el laudo a favor de Andes Petroleum

Caso Oxy: Se confirma el laudo a favor de Andes Petroleum
noviembre 18, 2021

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Una corte de los Estados Unidos confirmó que Occidental Petroleum debe pagar más de $500 millones a Andes Petroleum, su antiguo socio en un bloque de petróleo en Ecuador. La corte rechazó la objeción contra el laudo planteada por Occidental al considerar que la falta de revelación de la relación profesional de uno de los árbitros con un miembro del equipo de defensa de Andes Petroleum no constituyó un fraude.

El 15 de noviembre de 2021, la Corte Distrital para el Distrito Sur de Nueva York ratificó un laudo dictado bajo las reglas de la American Arbitration Association (AAA) a favor de Andes Petroleum (Andes). La decisión rechazó el argumento de Occidental Petroleum (Occidental) según el cual el hecho de que el árbitro nombrado por Occidental no reveló que era co-árbitro de uno de los abogados de Andes en un arbitraje bajo las reglas CCI, al mismo tiempo que se desarrollaba el arbitraje AAA entre Occidental y Andes.

La fuente de la disputa se remite a la transferencia al antecesor de Andes del 40% de las acciones en la explotación del bloque del cual Occidental era titular. Después de que Ecuador terminó el contrato en 2006 y Occidental inició el arbitraje CIADI, Occidental aceptó pagar a su socio el 40% del valor recibido como objeto de un laudo favorable en contra de Ecuador. 

En el arbitraje iniciado por Occidental en contra de la República del Ecuador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Ecuador fue ordenado a pagar alrededor de 1.7 billones de dólares más intereses, suma que fue disminuida a 1.06 billones de dólares en la fase de anulación al concluirse que el tribunal no tenía autoridad para compensar a Occidental por 40% del bloque que debería beneficiar a Andes. Ecuador llegó a un acuerdo de pago por cerca de $980 millones para cumplir el laudo arbitral. 

Andes inició el arbitraje AAA para recuperar el 40% de lo recaudado por Occidental por el acuerdo de pago. El Tribunal Arbitral AAA ordenó a Occidental pagar $392 millones más intereses, lo que fue ratificado por la Corte Distrital para el Distrito Sur de Nueva York ante la solicitud de ejecución de laudo presentada por Andes.

Referencias:

La Corte Constitucional del Ecuador se pronuncia sobre los estándares a observar para citar por la prensa en un proceso arbitral

La Corte Constitucional del Ecuador se pronuncia sobre los estándares a observar para citar por la prensa en un proceso arbitral
noviembre 12, 2021

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El 12 de noviembre de 2021, la Secretaría del CIADI publicó el sexto documento de trabajo sobre la propuesta de enmienda a las Reglas de Procedimientos del CIADI. El objetivo de las enmiendas es modernizar, simplificar y uniformizar las reglas, y al mismo tiempo fomentar el uso de tecnología para reducir el impacto ambiental de procedimientos CIADI. Este documento de trabajo incluye los comentarios recibidos por la Secretaría del CIADI hasta el 10 de noviembre de 2021.

El 12 de noviembre de 2021, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones publicó el sexto documento de trabajo con enmiendas propuestas para modernizar la resolución de disputas entre inversores y Estados. El documento de trabajo se basa en documentos anteriores que han sido publicados desde agosto de 2018 y comentarios, reuniones, consultas y discusiones sobre las propuestas. 

Entre los cambios incluidos en el documento de trabajo, se ha incluido una obligación para las partes de revelar la existencia de financiamiento por terceros, así como revelar los nombres de personas y entidades que controlan al financiador, en caso de que este sea una persona jurídica. Esta obligación aplica desde el inicio y a lo largo del procedimiento arbitral.

Por otra parte, las enmiendas establecen los factores que un tribunal debe considerar para ordenar una garantía por costos, lo cual puede hacer discrecionalmente. Entre ellos, evidencia sobre la capacidad y disposición de una parte para cumplir una decisión adversa de costas, el efecto de brindar una garantía en la posibilidad de una parte de plantear reclamos, la conducta de las partes, la existencia de financiamiento de terceros.

Las enmiendas favorecen la transparencia de los procesos arbitrales. Si bien el Convenio CIADI exige el consentimiento de ambas partes para publicar un laudo, las enmiendas proponen incluir una disposición de acuerdo con la cual se asume que una parte ha consentido a publicar un laudo, a menos de que objete por escrito dentro de 60 días. Incluso con la objeción de una parte, se le permitiría al CIADI publicar secciones legales de un laudo, de acuerdo con un procedimiento y cronograma previamente fijado. Además, se autoriza al Centro a publicar escritos y documentos de soporte que han sido presentados por una parte, siempre que se cuente con su consentimiento. 

Las enmiendas regulan la presentación de escritos por parte de terceros y de Estados contratantes del tratado. Además, reconoce que un Estado contratante del Tratado puede hacer su presentación de manera oral o escrita, e incluso puede tener acceso a documentos relevantes del procedimiento, excepto cuando una de las partes objeta. 

El documento de trabajo publicado por el CIADI refleja el consenso al que se ha llegado en los últimos 5 años sobre reformas. Por ello, el CIADI ha propuesto cerrar el periodo de consultas sobre las enmiendas y proponer la adopción de las enmiendas a los Estados miembros en enero 2022. De ser adoptadas, las reglas entrarían en vigor a partir de verano de 2022.

Referencias: