DESCRIPCIÓN:

Ecuadorian Very Young Arbitration Practitioners (ECUVYAP) es un espacio académico y profesional para jóvenes interesados en el arbitraje local e internacional que tienen algún vínculo con Ecuador. 

MISIÓN:

La misión del ECUVYAP es fomentar el interés de nuevas generaciones de estudiantes y abogados jóvenes en la práctica de arbitraje local e internacional. De esta manera, el ECUVYAP ofrece una plataforma para que puedan intercambiar opiniones, ideas, proyectos y actividades sociales relacionadas con temas relevantes en materia de arbitraje.

BLOG:

El ECUVYAP Blog es una plataforma digital en la que se publicarán y discutirán temas relevantes y de vanguardia en materia de arbitraje local e internacional. Este espacio busca el desarrollo académico y profesional de sus participantes a través de la publicación de artículos, noticias y opiniones que promuevan el debate académico.

Arbibasics: Una iniciativa para fomentar el estudio del Arbitraje entre los estudiantes de Derecho

Arbibasics: Una iniciativa para fomentar el estudio del Arbitraje entre los estudiantes de Derecho
abril 6, 2022

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El Comité Ejecutivo de Ecuador Very Young Arbitration Practitioners (ECUVYAP) lanzó Arbibasics, una iniciativa que busca capacitar estudiantes de pregrado en conocimientos sobre arbitraje, con razón del lanzamiento del XI Concurso Nacional de Arbitraje.

El Comité Ejecutivo del ECUVYAP lanzó el taller denominado “Arbibasics” el 6 de abril de 2022 para capacitar estudiantes de pregrado con interés en participar en el XI Concurso Nacional de Arbitraje. Los participantes iniciaron el curso, consistente de 7 sesiones que cubren distintos temas relacionados al arbitraje nacional e internacional, el 6 de abril de 2022. El curso terminará el 7 de mayo de 2022 con la simulación de una audiencia arbitral basada en un caso ficticio.

Lanzamiento del XI Concurso Nacional de Arbitraje

Lanzamiento del XI Concurso Nacional de Arbitraje
marzo 24, 2022

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El Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana AMCHAM realizó el lanzamiento de la XI edición del Concurso Nacional de Arbitraje, organizado por la institución en conjunto con la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad de las Américas.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana AMCHAM realizó el lanzamiento de la XI edición del Concurso Nacional de Arbitraje en la tarde del 24 de marzo de 2022. Las rondas generales y la audiencia final del concurso se realizarán en la sede de Quito de la Universidad de las Américas el 16 y 17 de junio de 2022. 

El Concurso de Arbitraje es una iniciativa dirigida a los estudiantes de pregrado de las distintas facultades de derecho del país. Su décima primera edición simula un arbitraje de emergencia administrado por la AMCHAM, en uso de su recientemente reformado reglamento, entre la sucursal de una compañía extranjera como demandante y una empresa pública como demandada. A más de la novedad del arbitraje de emergencia, La discusión estará basada en temas centrales respecto del arbitraje con el Estado que fueron abordados por el Ejecutivo en el Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación que fue publicado en agosto del 2021. Sin duda, el caso ficticio que los participantes deberán analizar permitirá contribuir a las discusiones sobre temas coyunturales en el arbitraje nacional.

El Consejo Administrativo del CIADI aprobó las enmiendas a sus reglas de arbitraje

El Consejo Administrativo del CIADI aprobó las enmiendas a sus reglas de arbitraje
marzo 21, 2022

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Los Estados Miembros del Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) aceptaron las reformas a las reglas y reglamentos del centro el 21 de marzo de 2022. Las reglas contienen disposiciones que modernizan el proceso arbitral tanto en el CIADI como en su Mecanismo Complementario. Entre otras especificidades del proceso, se modificaron: los requisitos jurisdiccionales para acceder al Mecanismo Complementario del CIADI; las reglas de transparencia relativas al proceso, incluyendo una nueva obligación de revelar la existencia de financiamiento de las partes por terceros; y, ciertas reglas de los procesos incidentales del proceso arbitral. En esta última categoría, destacan: la actualización de la regla para la bifurcación del proceso arbitral; la creación de una lista ejemplificativa de categorías de medidas cautelares; y, la adición de la posibilidad de ordenar a las partes rendir caución para garantizar el pago de los costos del arbitraje.

Después de más de tres años de trabajo, desde la publicación del primer documento de trabajo del Consejo Administrativo del CIADI de 03 de agosto de 2018, los Estados Miembros del CIADI aceptaron las reformas a las reglas y reglamentos de la institución, incluyendo las reglas que rigen los procesos arbitrales iniciados tanto en el Centro como en su Mecanismo Complementario. Existen tres especificidades que merecen especial atención: la adopción de disposiciones relativas a los requisitos para acceder al Mecanismo Complementario del Centro; la reglas de transparencia relativas al proceso arbitral; y, los nuevos avances en las reglas que gobiernan los procesos incidentales que las partes pueden presentar a conocimiento del tribunal arbitral. Las reglas entrarán en vigencia el 1 de julio de 2022. El CIADI realizará capacitaciones y campañas para promocionarlas alrededor del mundo. 

En primer lugar, las nuevas reglas modifican los requisitos jurisdiccionales que los Estados deben cumplir para acceder al Mecanismo Complementario del CIADI. Con este paso, los Estados miembros buscan flexibilizar el proceso en el Mecanismo Complementario y su accesibilidad. 

En segundo lugar, la reforma contiene reglas sobre la transparencia en los procesos arbitrales administrados por el Centro. Especialmente, prevé la obligación de las partes de revelar al tribunal arbitral la existencia de un tercero financiando el proceso, ya sea con la petición de arbitraje o con una notificación posterior en caso de que el financiamiento se consiga una vez iniciado el proceso arbitral. 

En tercer lugar, la reforma moderniza las reglas de los procedimientos incidentales que las partes pueden presentar ante el tribunal arbitral. 

Primero, se amplió la regla relativa a la bifurcación del proceso arbitral. 

Segundo, se reformó la regla sobre medidas cautelares que actualmente consiste en una norma general que contiene el poder de ordenarlas, por una lista ejemplificativa que servirá de guía y estándar para que los tribunales arbitrales ordenen medidas cautelares en el futuro. La nueva regla incluye la posibilidad de solicitar medidas para: evitar un daño inminente a la parte o un prejuicio al proceso arbitral; mantener o restaurar el status quo de la relación jurídica; y, preservar evidencia. Asimismo, se prevé que el tribunal arbitral analice la urgencia y necesidad de las medidas antes de ordenarlas, así como el efecto que estas pudiesen tener en cada una de las partes. 

Tercero, se aumentó la posibilidad de que el tribunal arbitral ordene a las partes rendir caución para garantizar el pago de los costos del proceso arbitral. Esta regla fue agregada para desarrollar el proceso arbitral con base en la situación que el tribunal arbitral del caso RSM c. Santa Lucía tuvo que afrontar sin norma reglamentaria expresa cuando decidió sobre la solicitud de que el inversionista rinda caución de los costos del arbitraje, dado que había incumplido el pago de las costas a las que había sido previamente condenado en otros procesos arbitrales. 

Con la reforma de las reglas del CIADI, los Estados miembros modernizaron las reglas de arbitraje del Centro, para asegurar que los asuntos que han sido resueltos por distintos tribunales arbitrales sean tomados en cuenta en la información de las reglas relativas al proceso arbitral.

Proyecto de Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital

Proyecto de Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital
febrero 22, 2022

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Desde finales de agosto hasta octubre de 2021 se han presentado trece acciones de inconstitucionalidad en contra de diversos cuerpos normativos relativos al arbitraje.

El 22 de febrero de 2022, el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional con carácter económico urgente, el Proyecto de Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digita (en adelante “Proyecto”). El órgano legislativo deberá tratar el Proyecto en 30 días.

En materia de arbitraje el Proyecto propone que los contratos de gestión delegada y asociaciones público-privadas cuenten con una cláusula compromisoria que contenga los siguientes mecanismos escalonados de solución de controversias:

  1. Negociación directa entre las partes;
  2. Mediación ante un Centro de Mediación debidamente registrado; y,
  3. Arbitraje

Durante la ejecución del contrato, las partes podrán pactar que, previo a acudir a arbitraje, las disputas sean conocidas por una Junta Combinada de Disputas. Las controversias de los contratos de asociación público-privada o gestión delegada podrán ser sometidas a la resolución de un tribunal de arbitraje nacional o internacional, en derecho.

El Proyecto señala que los referidos contratos que superen los quince millones de dólares de los Estados Unidos de América, se pactará arbitraje bajo las reglas de uno de los Sistemas Internacionales de los que el Ecuador forme parte o que se encuentre reconocido por éste. Para los contratos que no superen dicha cuantía, se pactará arbitraje administrado por un Centro de Arbitraje y Mediación ecuatoriano.

Con relación a las reformas que plantea el Proyecto, se debe considerar que en la materia, conformidad con el artículo 37 de la Ley de Arbitraje y Mediación, el Código Orgánico General de Procesos (en adelante “COGEP”) es norma supletoria, en esa línea, el Proyecto propone las siguientes reformas al COGEP:

 

  1. Citación telemática por boletas en domicilio contractual electrónico.
  2. Excepción de existencia de convenio arbitral en materia de títulos ejecutivos para ciertos casos del artículo 363 del COGEP (acta de mediación, contrato de prenda, contrato de venta con reserva de dominio, transacción e hipoteca).

Referencias:

  • Proyecto de Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital.

Corte Provincial de Justicia de Manabí se pronuncia sobre acción de protección en contra del auto de calificación a la demanda en un proceso arbitral

Corte Provincial de Justicia de Manabí se pronuncia sobre acción de protección en contra del auto de calificación a la demanda en un proceso arbitral
enero 25, 2022

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Mediante la sentencia de 24 de enero de 2022, la Corte Provincial de Justicia de Manabí resolvió declarar improcedente la acción de protección incoada en contra del auto de calificación a la demanda del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito.

Para contextualizar la decisión de la Corte Provincial, es necesario indicar que, el 4 de noviembre de 2021, el Juez Constitucional de la Unidad Judicial Penal de Manabí, dictó la sentencia que aceptó la acción de Protección incoada por el GADM del cantón Manta (en adelante “GAD”); en contra de la Directora del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito (en adelante “CAMCCQ”) y en la parte resolutiva de la sentencia, declaró que la admisión a trámite de la demanda arbitral violó los derechos constitucionales del GAD a la seguridad jurídica y debido proceso en la garantía de ser juzgado por autoridad competente y con el procedimiento previsto en la ley (Arts. 82 y 76 numerales 3 y 7 letra K de la Constitución) 

De la referida sentencia, tanto el CAMCCQ como el Consorcio Tránsito Seguro Manta CTS -parte actora del juicio arbitral- interpusieron recurso de apelación.

La Sala de Apelación (en adelante “Sala”), mediante sentencia dictada el 24 de enero de 2022, analizó si el auto de calificación de la demanda de la Directora del CAMCCQ violó los derechos constitucionales del GAD, y, para el efecto señaló:

  1. Que, no existe violación de ningún derecho constitucional del GAD. En el caso en cuestión, la Sala señaló que lo existe es un acto contractual, en el cual las partes suscriptoras acordaron que de no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, en el que la empresa actora decidió interponer la demanda en contra del GAD 
  2. Que, no existe ninguna resolución por parte de la directora del CAMCCQ, ya que lo que existe es la  calificación de solicitud  o demanda presentada por la Empresa Tránsito Seguro TRANSIRE que la Directora del CAMCCQ “[n]o es un órgano que ejerza funciones jurisdiccionales, sin embargo se constituye en un tercero neutral que puede plantear maneras de arreglar las diferencias, y al cual podría o no comparecer la entidad accionada, dicho en otras palabras es la participación de un tercero imparcial, con la finalidad de que las partes en conflicto, lleguen a acuerdos satisfactorios, manteniendo las buenas relaciones, mejorando los canales de comunicación con el fin de motivarlos a cumplir los convenios suscritos.”
  3. Que, la sentencia del juzgador constitucional de primera instancia inobservó precedentes constitucionales, donde se indica, entre otras cosas, “[q]ue las entidades públicas solo podrán actuar en procesos de acción extraordinaria de protección de manera excepcional, cuando se esgrima una vulneración lo derechos de protección en su dimensión procesal, toda vez que las personas jurídicas no son titulares de derechos constitucionales sustantivos, sino que ejercen ciertas prorrogativas en función de las competencias y obligaciones expresamente determinadas por la CRE y la ley,”.
  4. La Sala señaló que no cabe desnaturalizar la acción de protección pretendiendo utilizarla para atacar decisiones emanadas por los árbitros o tribunales de arbitraje, dado que ello configura una trasgresión al ordenamiento jurídico.

Finalmente, la Sala resolvió que no existe vulneración de los derechos constitucionales alegados por el GAD y, en consecuencia, resolvió revocar la sentencia venida en grado y en su lugar declaró la improcedencia de la acción de protección.

Para concluir se debe indicar que la Sala en la sentencia dictada otorgó el mismo tratamiento a la mediación y el arbitraje como si estos métodos alternativos de solución de controversias fuesen lo mismo. Adicionalmente, la Sala tampoco diferenció entre las actuaciones de la dirección del centro de arbitraje y la de los árbitros, en cuanto a decisiones jurisdiccionales.

Referencias:

  • Sentencia de 24 de enero de 2022, Juicio No. 1312420210053T, Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador emite dictamen sobre la solicitud de interpretación del artículo 422 de la Constitución.

Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador emite dictamen sobre la solicitud de interpretación del artículo 422 de la Constitución.
enero 12, 2022

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Corte Constitucional rechaza acción de interpretación presentada por la Asamblea Nacional sobre el alcance del artículo 422 de la Constitución y la celebración de tratados internacionales de inversión.

El 16 de agosto de 2018 la Asamblea Nacional presentó una acción de interpretación constitucional sobre el primer inciso del artículo 422 de la Constitución. Específicamente “…sobre el alcance de la prohibición para que se celebre tratados, en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas cuando se celebren tratados de protección de inversiones en los que las controversias no sea contractuales ni comerciales…”A criterio de la Asamblea Nacional, los tratados de inversión no se encasillan en la prohibición del artículo 422 de la Constitución. Esto debido a que las disputas que derivan de dichos instrumentos internacionales no son contractuales, ni comerciales.

El 16 de agosto de 2019, la Corte Constitucional admitió a trámite dicha acción de interpretación. Tres años y medio después de su presentación, el 12 de enero de 2022, la Corte Constitucional resolvió rechazar la solicitud de interpretación planteada por la Asamblea Nacional. A continuación, los pasajes relevantes de dicha resolución:

 

  1. “se está desnaturalizando la acción de interpretación constitucional toda vez que la solicitud no busca que este Tribunal establezca el alcance de una disposición constitucional sino que se pretende que la Corte Constitucional establezca si el artículo 422 de la Constitución es aplicable a un determinado supuesto, aspecto incompatible con la acción de interpretación”.
  2. “…[n]o es factible que la Corte se pronuncie sobre la aplicación del precepto constitucional a casos concretos y circunstancias específicas, puesto que aquello desnaturalizaría la facultad de interpretar en abstracto un precepto constitucional mediante la acción de interpretación”.

 

Comentario: Si bien hay quienes opinan que las limitaciones del artículo 422 de la Constitución se extienden a disputas en materia de inversión internacional, lo cierto es que el texto del artículo 422 únicamente impone dicha restricción a controversias de naturaleza comercial y contractual. Adicionalmente, es importante señalar que dicho artículo se refiere a supuestos en los que el Estado ceda soberanía. Esta situación tampoco se cumple cuando el Estado celebra un tratado internacional de inversión, pues es precisamente en ejercicio de dicho atributo que puede celebrarse tal instrumento internacional.

En síntesis, la decisión de la Corte Constitucional no ha permitido solventar la discusión que ha girado por años en torno al alcance del artículo 422 de la Constitución y la celebración de instrumentos internacionales para la promoción de inversión extranjera. Sin embargo, ha dejado abierta la posibilidad de que se realice: i) una interpretación constitucional abstracta del artículo 422 o ii) que se analice la aplicación de dicho artículo al revisar la constitucionalidad de un tratado bilateral de inversión o acuerdo internacional sobre promoción de inversión extranjera concreto.