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“La segunda es la vencida”: Comentarios sobre la apelación en el arbitraje internacional

“La segunda es la vencida”: Comentarios sobre la apelación en el arbitraje internacional

REGRESAR

AUTORES: Carlos Elías Correa Garcías y Karla Saneli Condo Jaya

BIOGRAFÍA:

Asistentes legales en Coronel & Pérez

Palabras Clave:

Apelación | arbitraje internacional

La apelación está de moda en el arbitraje internacional. En los últimos años, diversas instituciones líderes en el mercado han incorporado en sus reglamentos mecanismos internos para la revisión sustantiva de los laudos arbitrales. Estos mecanismos ofrecen a las partes y a los árbitros una segunda oportunidad para alcanzar la ‘solución correcta’ en caso de que el tribunal arbitral inicial haya cometido algún error ‘de hecho’ o ‘de derecho’. [1]

La primera institución internacional de arbitraje comercial en adoptar esta innovación procesal fue ICDR (International Centre for Dispute Resolution) con sus “Optional Appellate Arbitration Rules”.[2] Más recientemente, en el mundo hispanohablante, el CIAM-CIAR (Centro Internacional de Arbitraje de Madrid – Centro iberoamericano de Arbitraje) también ha ganado notoriedad por su mecanismo de “Impugnación Opcional de Laudos”, previsto en el Anexo 4 de su actual Reglamento de Arbitraje. [3]

Nosotros consideramos que estos mecanismos de ‘apelación interna’[4] merecen una evaluación seria por parte de los operadores económicos internacionales que utilizan el arbitraje, así como de sus abogados. La finalidad es innovar las cláusulas arbitrales para que, a partir de ahora, se considere la incorporación de los ya mencionados mecanismos en los contratos internacionales, con el objetivo de diseñar procedimientos arbitrales más satisfactorios y mejor adaptados a las necesidades específicas de cada parte.

 

I. La apelación institucional interna de laudos internacionales

Para comenzar, de manera general, existen dos vías para impugnar un laudo arbitral internacional: la impugnación en sede judicial, reconocida por la mayoría de legislaciones domésticas, y la impugnación interna (es decir, ante la propia institución que sustanció el arbitraje), que, en virtud del principio de firmeza (finality principle) y la regla functus officio, suele ser bastante limitada. [5] Por esta razón, tradicionalmente se ha concebido el arbitraje como un “procedimiento de instancia única” (one-shot proceeding).

La impugnación judicial, que suele materializarse en el recurso de nulidad (o, en algunos países, denominado de anulación), es la regla general en la mayoría de las jurisdicciones. [6] Por ejemplo, según la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional —adoptada por gran parte los estados favorables al arbitraje—, este recurso prevé causales muy estrictas que, en general, no permiten una revisión sustantiva del laudo, sino únicamente de cuestiones procesales (esto último, con algunos caveats).[7] Además, bajo la Convención de Nueva York de 1958, si bien se permite la revisión judicial de los laudos internacionales que buscan ser reconocidos y ejecutados en un país extranjero,[8] el alcance de esta revisión ex post por parte de las cortes estatales también es bastante restringido y el resultado tiende a confirmar lo laudado por los árbitros.[9] Así pues, resulta evidente que la impugnación judicial no otorga a los jueces estatales la potestad de revisar el fondo de la decisión de los árbitros, y mucho menos, la facultad de decidir el caso ex novo.

En contraste, la impugnación interna, salvo la interposición de recursos horizontales previstos por la ley o los reglamentos de los centros de arbitraje (como los de corrección o interpretación),[10] suele ser excepcional, especialmente en el arbitraje comercial.[11] Cuando las partes recurren a arbitraje, lo hacen primordialmente para obtener una decisión final sobre su disputa. Históricamente, esto ha sido considerado una de las principales ‘ventajas’ del arbitraje en comparación con la justicia ordinaria.[12] Por esta razón, la mayoría de los reglamentos de arbitraje no han contemplado mecanismos internos de revisión sustantiva (es decir, de ‘apelación interna’) de las decisiones arbitrales, estableciendo que los laudos son finales y vinculantes (final and binding). Gary Born, por ejemplo, comenta que los mecanismos de apelación institucional interna son una “desviación de los principios generales de firmeza y res judicata” que caracterizan a los laudos arbitrales.[13] De esta manera, dado que el arbitraje ha sido concebido para privilegiar ante todo la firmeza de los laudos, la impugnación interna ha sido relegada a un número muy reducido de instituciones arbitrales.[14]

Sin embargo, esta situación ha ido cambiando en los últimos años. En la actualidad, existe un movimiento que aboga por el reconocimiento del “derecho a apelar (internamente)” en el arbitraje, fundamentándose en el principio de autonomía de la voluntad de las partes y en la flexibilidad configurativa del procedimiento arbitral, según lo que establece la Ley Modelo de la CNUDMI. [15] La razón práctica detrás de esta tendencia es que, normalmente, solo hay una ‘única oportunidad’ para alcanzar la decisión correcta en el caso.[16] De este modo, la firmeza (finality principle) puede convertirse en una ‘carga’ más que en una ‘ventaja’, especialmente desde la perspectiva de la parte perdedora del arbitraje. Esto es particularmente importante en disputas complejas o en relaciones caracterizadas por un mayor riesgo de litigiosidad.

Como antecedente histórico, el primer escenario en el que se discutió la conveniencia de un mecanismo de apelación interna fue en el ámbito del arbitraje de inversiones.[17] Como explican Blackaby, Partasides & Redfern, actualmente algunos sistemas, como el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la Unión Europea (CETA – Comprehensive Economic and Trade Agreement), contemplan procedimientos de apelación interna. [18]

Por su parte, en el arbitraje comercial, la apelación interna estuvo principalmente relegada a los contextos marítimos y de commodities.[19] En Estados Unidos, la primera institución arbitral ‘importante’ en incorporar un mecanismo de apelación interna fue la AAA (American Arbitration Association), junto con su vertiente internacional, el ICDR, en 2013.[20] Gradualmente, otras instituciones fueron adoptando este mecanismo, llegando incluso a ser acogido por algunos centros españoles, como el CIAM-CIAR.

A continuación, procederemos a analizar este tema con mayor detalle, centrándonos en los mecanismos desarrollados por el ICDR y el CIAM-CIAR.

 

II. Mecanismos previstos en AAA-CDR y CIAM-CIAR

a. “Optional Appellate Arbitration Rules” en AAA-ICDR

En respuesta al aumento de cláusulas arbitrales con mecanismos personalizados de apelación interna, AAA-ICDR promulgó sus “Optional Appellate Arbitration Rules” el 01 de noviembre de 2013.[21] Este Reglamento regula los aspectos procesales de las apelaciones internas de laudos en arbitrajes administrados por el ICDR y la AAA. El mecanismo opera bajo un sistema de ‘adhesión voluntaria’ (opt-in), lo que significa que no se integra automáticamente en los procedimientos de los centros mencionados, sino que su implementación requiere un ‘acuerdo expreso’ entre las partes.[22] Este proceso es considerablemente ágil, ya que una apelación se resuelve en un promedio de tres meses y, por regla general, el laudo de apelación se emite dentro de los treinta días posteriores a la presentación del último escrito.[23]

En cuanto al alcance de la revisión sustantiva del laudo inicial, el mecanismo de ‘apelación opcional’ de AAA-ICDR permite a un nuevo tribunal arbitral revocar total o parcialmente un laudo de acuerdo con dos causales: un “error de derecho sustancial y perjudicial” (an error of law that is material and prejudicial), o “determinaciones de hecho claramente erróneas” (determinations of fact that are clearly erroneous).[24] Es claro que este estándar de revisión es mucho más amplio que el de los recursos de nulidad, ya que permite revisar asuntos de fondo y determinar si las conclusiones fácticas o jurídicas del tribunal inicial fueron manifiestamente incorrectas. En contraste, como ya hemos señalado, los recursos de nulidad solo permiten revisar los ‘vicios procesales’ que afecten la validez del laudo arbitral. Así, en nuestra opinión, este mecanismo de revisión sustantiva concede al Tribunal Arbitral de Apelación las facultades de un verdadero tribunal de segunda instancia, con la potestad de decidir ex novo.

El Reglamento de AAA-ICDR no exige a las partes que hayan renunciado a los mecanismos de revisión judicial previstos por la ley de la sede del arbitraje. Por esta razón, si se presenta una “Notificación de Apelación”, que inicia el procedimiento, el Reglamento establece que las partes se comprometen a no solicitar la ejecución ni la revisión judicial del laudo impugnado hasta que el Tribunal Arbitral de Apelación emita su decisión final.[25] De este modo, el laudo inicial no adquiere autoridad de cosa juzgada hasta que se confirme o revoque mediante la decisión de apelación, dictándose un nuevo laudo si fuese necesario.

Por último, cabe destacar que la implementación de este novedoso mecanismo ya ha generado debate a nivel jurisprudencial. Por ejemplo, en SMART Technologies c. Electroboard Solutions y otro,[26] una de las Altas Cortes canadienses (el Queen’s Bench of Alberta) conoció un recurso de nulidad relacionado con un laudo emitido por un Tribunal Arbitral de Apelación de ICDR. La Corte canadiense resolvió favorablemente para el laudo de apelación, determinando que los poderes de los jueces en los recursos de nulidad son mucho más restringidos que los de los árbitros de apelación.

b. “Impugnación Opcional de Laudos” en CIAM-CIAR

El nuevo Reglamento del CIAM-CIAR, que incluye el Anexo 4 sobre “Impugnación Opcional de Laudos”, entró en vigor el 01 de enero de 2024.[27] El artículo 52 de este Reglamento permite interponer un recurso de “impugnación opcional” contra un “Borrador de Laudo” emitido en un arbitraje principal, es decir, un laudo inicial que aún no ha adquirido la autoridad de cosa juzgada.[28] La regla B(1) del Anexo 4 establece que la admisibilidad del recurso depende de tres condiciones: (A) que exista un acuerdo expreso y por escrito entre las partes, (B) que dicho acuerdo se concluya antes del nombramiento o confirmación de cualquier miembro del tribunal arbitral en el procedimiento principal, y (C) que el acuerdo haga referencia expresa al Anexo 4.[29]

Por otro lado, la regla C(7) del Anexo 4 establece que la impugnación opcional del laudo solo puede basarse en dos motivos: (A) una infracción manifiesta de las normas sustantivas aplicables al fondo de la controversia, o (B) un error manifiesto en la apreciación de los hechos que han servido de base para la decisión.[30]

La primera causal es clara y restringida, y solo permite la revocación del Borrador de Laudo si este infringe la lex causae. Por tanto, para que prospere el recurso bajo esta causal, el laudo impugnado debe incurrir en una infracción evidente de normas sustantivas —no procesales— aplicables a los méritos de la disputa. Si se desea alegar la violación de normas procesales, habrá que esperar al recurso de nulidad, que, en nuestra opinión, es el mecanismo de revisión adecuado para ello. Asimismo, el estándar en cuanto a la segunda causal también es alto, ya que requiere que el error sea manifiesto y se refiera exclusivamente a hechos relevantes que sirvieron de base para la decisión.

 

III. Conclusiones

Como hemos observado, dos instituciones arbitrales líderes a nivel mundial, una en el mundo angloparlante y la otra en el hispanoparlante, han adoptado mecanismos de apelación institucional, incorporándolos a sus reglamentos de arbitraje. Esta innovación busca brindar mayor seguridad a las partes, asegurando que las decisiones arbitrales estén libres, en la mayor medida posible, de errores jurídicos y de valoración fáctica. Tanto AAA-ICDR como CIAM-CIAR han preferido mecanismos opt-in que requieren un pacto expreso de las partes acogiendo el derecho a la apelación institucional interna.
Ahora, corresponde a los abogados y practicantes del arbitraje asesorarse adecuadamente sobre estas propuestas innovadoras y, según las necesidades específicas de sus clientes, considerar seriamente la adopción de estos mecanismos. Indudablemente, se trata de una tendencia que llegó para quedarse.

REFERENCIAS

[1] Ver K. Olson, “The Appeal of the Right to Appeal: The ICDR Adopts Optional Appellate Arbitration Rules to Advance the Availability of Appellate Rights in International Commercial Arbitration”, McGill Journal of Dispute Resolution, Vol. 3, No. 1, 2016, pp. 89-90.

[2] Ver: AAA-ICDR Optional Appellate Arbitration Rules | ADR.org

[3] Ver: Normativa – CIAM-CIAR; ver también: El nuevo Reglamento de CIAM incluye la impugnación opcional del laudo | Ciar Global

[4] Como el lector habrá notado, el uso términos como ‘impugnación’ o ‘apelación’ para hacer referencia al anglicismo ‘appeal’ puede ser bastante confuso. En algunos sistemas de common law, el término ‘appeal’ tiene una connotación más amplia que el ‘recurso de apelación’ en español (al menos como se suele entender en el derecho procesal ecuatoriano). Por ello, algunos centros hispanohablantes han traducido “Optional Appeal” (en referencia al mecanismo desarrollado por el reglamento de ICDR) como “Impugnación Opcional” en lugar de “Apelación Opcional”. Sin entrar en una discusión sobre la traducción correcta, utilizaremos las expresiones “apelación interna” o “apelación institucional” para referirnos al mecanismo de revisión sustantiva de laudos por parte de un tribunal arbitral de ‘segunda instancia’.

[5] Bajo estos principios, una vez que el tribunal arbitral dicta un laudo, se completa su mandato y carece del poder de reexaminar la decisión, la regla functus officio está reconocida expresamente en el artículo 32 de la Ley Modelo de la CNUDMI, el cual establece que “[l]as actuaciones arbitrales terminan con el laudo definitivo o por una orden del tribunal arbitral dictada [a tal efecto]” y que “[e]l tribunal arbitral cesará en sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales”. Ver Ley Modelo CNUDMI sobre Arbitraje Comercial internacional de 1985 con las enmiendas aprobadas en 2006 [Ley Modelo CNUDMI] (2008), Art. 32; ver también Ver G. Born, International Commercial Arbitration. Volume III: International Arbitral Award, 3ra Ed, Wolters Kluwer, 2021, pp. 3370 y ss.

[6] Al respecto, el artículo 34(1) de la Ley Modelo de la CNUDMI prevé que “[c]ontra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante un tribunal mediante una petición de nulidad”. En Ecuador, el artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación establece que la ‘acción de nulidad’ es el único recurso que las partes pueden intentar en contra de un laudo arbitral. Ver Ley Modelo CNUDMI sobre Arbitraje Comercial internacional de 1985 con las enmiendas aprobadas en 2006 [Ley Modelo CNUDMI] (2008), Art. 34(1); ver también Ley de Arbitraje y Mediación [LAM], Artículo 31, R.O. No. 417, 14/12/2006.

[7] Las causales de la acción de nulidad contempladas en la Ley Modelo de la CNUDMI se dividen en dos categorías: aquellas que proceden a petición de parte (artículo 34(2)(a)) y aquellas que pueden ser invocadas de oficio por el juez (artículo 34(2)(b)). Entre estas últimas se incluye la causal de que el laudo represente una posible violación del ‘orden público’ del Estado donde se interpuso la acción de nulidad. Hasta cierto punto, podría decirse que esta causal no se refiere a los ‘aspectos procesales’ del arbitraje, sino a cuestiones más relacionadas con el fondo. En todo caso, la causal del ‘orden público’ ha sido interpretada de manera muy restrictiva por la jurisprudencia. Ver Parsons & Whittemore Overseas Co. Inc. v. Société Générale de l’Industrie du Papier (RAKTA), 508 F.2d 969 (2d. Cir. 1974); ver también N. Blackaby, C. Partasides, A. Redfern, Redfern and Hunter on International Arbitration, 7ma Ed, Oxford University Press, 2022, p. 593.

[8] Ver Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras. [Convención de Nueva York], Artículo V, R.O. Sup. No. 153, 25/11/2005.

[9] Blackaby, Partasides & Redfern explican que, bajo la Convención de Nueva York, las causales para denegar la ejecución de un laudo extranjero han sido interpretadas de manera restrictiva, con el objetivo de favorecer el arbitraje. Por esta razón, en el contexto angloamericano se suele hablar de un ‘sesgo’ en favor de la ejecución de los laudos extranjeros (pro-enforcement bias). Ver N. Blackaby, C. Partasides, A. Redfern, Redfern and Hunter on International Arbitration, 7ma Ed, Oxford University Press, 2022, p. 527.

[10] Ver Ley Modelo CNUDMI sobre Arbitraje Comercial internacional de 1985 con las enmiendas aprobadas en 2006 [Ley Modelo CNUDMI] (2008), Art. 33.

[11] Ver N. Blackaby, C. Partasides, A. Redfern, Redfern and Hunter on International Arbitration, 7ma Ed, Oxford University Press, 2022, p. 527.

[12] Blackaby, C. Partasides, A. Redfern señalan que “[u]na de las ventajas del arbitraje es que está destinado a resolver definitivamente el litigio entre las partes” (traducción libre) (“[…] a right of appeal is the exception and most arbitration rules provide unequivocally that an arbitral award is final and biding. These are not intended to be empty words. One of the advantages of arbitration is that it is intended to result in the final determination of the dispute between the parties”). Ibidem.

[13] Ver G. Born, International Commercial Arbitration. Volume III: International Arbitral Award, 3ra Ed, Wolters Kluwer, 2021, p. 3419 (traducción libre).

[14] Ver N. Blackaby, C. Partasides, A. Redfern, Redfern and Hunter on International Arbitration, 7ma Ed, Oxford University Press, 2022, p. 530.

[15] En ese sentido, el artículo 19(1) de la Ley Modelo de la CNUDMI dispone que “[c]on sujeción a las disposiciones de la presente Ley, las partes tendrán libertad para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones”. Ver Ley Modelo CNUDMI sobre Arbitraje Comercial internacional de 1985 con las enmiendas aprobadas en 2006 [Ley Modelo CNUDMI] (2008), Art. 19(1).

[16] Ver K. Olson, “The Appeal of the Right to Appeal: The ICDR Adopts Optional Appellate Arbitration Rules to Advance the Availability of Appellate Rights in International Commercial Arbitration”, McGill Journal of Dispute Resolution, Vol. 3, No. 1, 2016, p. 90.

[17] Durante muchos años se debatió la ampliación de las causales de anulación, de por sí restrictivas, previstas en el artículo 52 del Convenio CIADI, con el objetivo de permitir la revisión de los méritos del caso, así como la aplicación del derecho y la evaluación de los hechos realizada por los tribunales de inversión iniciales. Ibidem, pp. 87-89.

[18] Ver N. Blackaby, C. Partasides, A. Redfern, Redfern and Hunter on International Arbitration, 7ma Ed, Oxford University Press, 2022, p. 527.

[19] Ibidem, p. 530.

[20] Ver K. Olson, “The Appeal of the Right to Appeal: The ICDR Adopts Optional Appellate Arbitration Rules to Advance the Availability of Appellate Rights in International Commercial Arbitration”, McGill Journal of Dispute Resolution, Vol. 3, No. 1, 2016, p. 90.

[21] Ver Optional Appellate Arbitration Rules de AAA-ICDR, 2013, Introduction.

[22] Ibidem, Art. 1 “Agreement of Parties”

[23] Ibidem, Introduction.

[24] Ibidem, Art. 10.

[25] Ibidem, Art. 2.

[26] Ver SMART Technologies ULC c. Electroboard Solutions Pty. Ltd. y otro, 2017 ABQB 559.

[27] El CIAM-CIAR es una institución administradora de arbitrajes creada en 2020, a partir de la asociación de tres centros de arbitraje preexistentes: la Corte de Arbitraje de Madrid (CAM), la Corte Española de Arbitraje (CEA) y la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA). El Reglamento del CIAM-CIAR de 2020 ya contemplaba la “Impugnación Opcional de Laudo”, aunque no incluía el Anexo 4. Además, las causales de impugnación de aquel entonces eran distintas: el laudo podía impugnarse por una “infracción manifiesta de las normas jurídicas sustantivas aplicables” o por un “error grosero en la apreciación de los hechos”. En ambos casos, la violación debía ser determinante para el fallo. Antes de esto, la CEA preveía una “Segunda Instancia Arbitral” para impugnar el laudo por vicios procedimentales que pudieren dar lugar a la nulidad. Por su parte, el Reglamento de CIMA contemplaba el recurso de “Impugnación Opcional de Laudos” de manera muy similar a como lo hace el CIAM-CIAR en la actualidad. Dicho recurso podía presentarse contra los laudos finales que incurriesen en una “infracción manifiesta de las normas jurídicas sustantivas en las que se sustente el fallo” o en una “apreciación manifiestamente errónea de los hechos que hayan sido determinantes para el fallo”. Ver Reglamento de Arbitraje del CIAM-CIAR, 2020, Art. 56; ver también Reglamento de la Corte Española de Arbitraje (CEA), 2011, Art. 39; ver también Reglamento de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), 2017, Art. 54.

[28] El artículo 52 del Reglamento del CIAM-CIAR dispone que “[s]i en el convenio arbitral o en cualquier momento posterior, antes de cerrar la instrucción del procedimiento, las partes lo hubieran acordado, cualquiera de ellas podrá impugnar ante el Centro el laudo final que recaiga en el procedimiento. En ese caso, se aplicará lo previsto en el Anexo 4”. A su turno, la regla A del Anexo 4 define un “Borrador de Laudo” como “[e]l laudo redactado en el Arbitraje Principal mientras esté pendiente la resolución del Arbitraje de Impugnación”. Ver Reglamento de Arbitraje del CIAM-CIAR, 2024, Art. 52; ver también Anexo 4 al Reglamento de Arbitraje del CIAM-CIAR, 2024, Regla A.

[29] En ese sentido, regla B(1) del Anexo 4 del Reglamento del CIAM-CIAR contempla textualmente que “[l]as partes podrán acordar que en su procedimiento se emita un Borrador de laudo que sea susceptible de la impugnación opcional regulada en este Anexo. Cualquier acuerdo en ese sentido deberá constar de forma expresa y por escrito, refiriéndose al presente Anexo, y ser concluido antes del nombramiento o confirmación de cualquier árbitro en el Arbitraje Principal”. Ver Anexo 4 al Reglamento de Arbitraje del CIAM-CIAR, 2024, Regla B(1).

[30] Ver Anexo 4 al Reglamento de Arbitraje del CIAM-CIAR, 2024, Regla C(7)(i) y (ii).

ECUVYAP y los autores de este trabajo invitan a todos los lectores a compartir sus comentarios en este blog, para contribuir así a la crítica académica y al debate profesional sobre los contenidos aquí expuestos.

Sentencia 1301-21-EP/24: lo bueno, lo malo y lo feo

Sentencia 1301-21-EP/24: lo bueno, lo malo y lo feo

REGRESAR

AUTOR: Juan Cobo

BIOGRAFÍA:

Asistente legal en Corral Rosales; Editor en Jefe de USFQ Law Review; estudiante de derecho en la Universidad San Francisco de Quito.

Palabras Clave:

Corte Constitucional | AEP | Nulidad de laudo arbitral.

Sentencia 1301-21-EP/24: lo bueno, lo malo y lo feo

Introducción
Un mismo arbitraje, dos laudos finales, dos acciones de nulidad y una acción extraordinaria de protección. A este enredado panorama se enfrentó la Corte Constitucional (“Corte”) en la sentencia 1301-21-EP/24 (“Sentencia”). En el pasado, frente a casos similares, la Corte había decidido que era preferible que sus decisiones no entorpezcan los litigios en los que las partes estaban inmersas. Sin embargo, a pesar de haber identificado que este era un caso análogo, tomó una decisión distinta. Una decisión que solo empeora la situación de las partes.

A continuación, una recapitulación de los hechos más relevantes:

En agosto y septiembre de 2018 CONECEL inició dos arbitrajes en contra de ARCOTEL ante el CIAM. Los dos arbitrajes fueron consolidados en un único procedimiento, en el cual CONECEL obtuvo un laudo favorable. ARCOTEL presentó una acción de nulidad alegando que el tribunal se pronunció sobre materia intransigible y aplicó cláusulas del contrato que no fueron invocadas por las partes. El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha declaró la nulidad del laudo. Sin embargo, utilizó un argumento distinto a los planteados por ARCOTEL: que el tribunal arbitral se pronunció sobre cuestiones que no fueron solicitadas por CONECEL. En ese momento se desencadenaron dos situaciones paralelas: (i) CONECEL presentó una acción extraordinaria de protección (“AEP”) en contra de la sentencia que declaró la nulidad del laudo y (ii) se reactivó el arbitraje ante el CIAM.

Sobre la AEP: CONECEL planteó esta garantía jurisdiccional en contra de la sentencia que declaró la nulidad del laudo, alegando que se vulneraron sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Estos derechos se habrían afectado por cuanto el presidente de la Corte Provincial se basó en un argumento propio y no en los presentados por ARCOTEL. En consecuencia, el juez perdió su imparcialidad al introducir un argumento propio y no permitir que CONECEL lo contradijera.
Sobre la reanudación del arbitraje: toda vez que el laudo fue declarado nulo, CONECEL solicitó al CIAM que se reanude el proceso arbitral. Por ello, se constituyó un nuevo tribunal arbitral y se emitió un nuevo laudo, el cual, como el anterior, fue favorable para CONECEL. ARCOTEL presentó una acción de nulidad contra el nuevo laudo, la cual todavía no ha sido resuelta.

En casos similares, la Corte había sostenido que sus decisiones no debían “empeorar o agravar la situación jurídica de las partes” [1]. Sin embargo, en la sentencia bajo análisis, la Corte decidió dejar sin efecto la sentencia que declaró la nulidad del primer laudo. Con ello, dejó a las partes en el siguiente panorama: un mismo arbitraje, dos laudos finales y dos acciones de nulidad en curso. A la luz de lo anterior, en el presente artículo se destaca lo bueno, lo malo y lo feo de la Sentencia 1301-21-EP/24.

Lo bueno
El único problema jurídico que la Corte resolvió fue si el presidente de la Corte Provincial vulneró el derecho al debido proceso al emitir una sentencia incongruente. La respuesta, como no podía ser de otro modo, fue que sí. Por ello, la Sentencia enfatiza en la importancia del principio dispositivo para la tramitación de acciones de nulidad de laudos arbitrales.
En el caso bajo análisis, la incongruencia alegada se encuentra en que ARCOTEL presentó dos argumentos para solicitar la nulidad del laudo y, sin embargo, el juez declaró la nulidad con un argumento distinto, el cual fue introducido de oficio. Al respecto, la Corte señaló que “[s]i bien el juez tenía la competencia para declarar la nulidad del laudo, aquella facultad estaba limitada de forma estricta por los cargos específicos y expresos planteados por la Arcotel” [2]. De esta manera, la Corte encontró que el juez incurrió en un vicio de incongruencia.
Ahora bien, esto no es novedoso ni representa un cambio en la jurisprudencia. Lo que sí resulta llamativo y destacable de la Sentencia es que la Corte señaló que el principio dispositivo tiene una “relevancia reforzada” en los casos en que se tramitan acciones de nulidad de laudos arbitrales [3]. No se explica cuál es el alcance de este refuerzo. Sin embargo, queda claro que con ello la Corte busca limitar “la interferencia injustificada de la justicia ordinaria en el arbitraje” [4].

Por lo tanto, lo bueno de la Sentencia radica en que la Corte buscó proteger el principio de mínima intervención en el arbitraje al limitar el campo de actuación de los jueces al tramitar acciones de nulidad.

Lo malo
Uno de los problemas fundamentales de la Sentencia es que la Corte tomó su decisión y ordenó medidas de reparación sin considerar los efectos prácticos que tendrían. Según se comentó anteriormente, en casos similares, la Corte había señalado que “si bien las medidas de reparación deben orientarse -como regla general- a restablecer la situación jurídica anterior a la vulneración de un derecho, la Corte no puede empeorar o agravar la situación jurídica de las partes” [5].
En la Sentencia, la Corte ordenó que se deje sin efecto la sentencia de la primera acción de nulidad y reenvío el proceso a la Corte Provincial. ¿Cuál es el problema? Que esa medida genera un efecto dominó. Vale recordar que el segundo laudo fue emitido únicamente porque el primero fue anulado y, en consecuencia, se reanudó el arbitraje. Entonces, cuando la Corte dejó sin efecto la primera sentencia de nulidad, puso en duda la validez del laudo emitido en el arbitraje reanudado.
Adicionalmente, se genera otro problema: la posible incompatibilidad entre las sentencias. Dado que existe una acción de nulidad sobre el laudo del primer arbitraje y otra sobre el laudo del arbitraje reanudado, existe el riesgo de que se llegue a una contradicción entre las sentencias. Si en ninguno de los procesos se declara la nulidad, ¿ambos laudos serían ejecutables? Si en ambos se declara la nulidad, ¿se deben reiniciar los dos arbitrajes que comparten identidad objetiva, subjetiva y causal? Si en un proceso no se declara la nulidad y en el otro sí, ¿se debe reiniciar ese último arbitraje?
En su voto salvado, el juez Richard Ortiz se percató de este problema y señaló que “el reenvío de la causa podría tener consecuencias más perjudiciales para las partes […] si se deja sin efecto la sentencia de nulidad queda en entredicho el valor jurídico el (sic) segundo proceso arbitral que fue consecuencia de la nulidad declarada” [6].

Por lo tanto, lo malo de la Sentencia radica en que (i) la Corte no consideró todos los hechos relevantes para resolver la controversia, (ii) tampoco analizó las consecuencias prácticas de su Sentencia y (iii) dictó medidas de reparación que agravan la situación jurídica de las partes.

Lo feo
La Sentencia genera una pregunta y no otorga una respuesta: ¿por qué, frente a casos similares, la Corte toma decisiones distintas?
En la Sentencia se señala que “ante un supuesto similar, la Corte decidió no dejar sin efecto la sentencia que declaraba la nulidad del laudo arbitral con el fin de no empeorar o agravar la situación jurídica de las partes» [7]. Sin embargo, luego de reconocer que el caso es similar, la Corte se limita a decir que no lo resolverá de la misma manera porque sus decisiones “no pueden estar sujetas a la conveniencia, o no, de las partes procesales” [8]. En su voto salvado, el juez Richard Ortiz señaló que “la sentencia de mayoría no proporciona alguna razón suficiente para no considerar [la tendencia jurisprudencial previa de la Corte]” [9].
Parecería que la decisión de la Corte buscaba, más allá de declarar y reparar la vulneración de un derecho, usar a CONECEL como ejemplo de que no se debería solicitar la reanudación un arbitraje luego de haber interpuesto una AEP contra la sentencia de nulidad:
“la decisión de la Corte no puede depender, en este caso, de si el segundo laudo arbitral es o no más favorable para los intereses de CONECEL que, sabiendo que estaba pendiente la resolución de la presente acción extraordinaria de protección, inició un nuevo proceso arbitral” [10].
De todos modos, incluso si la Corte no hubiese buscado usar a CONECEL como ejemplo, la pregunta sobre por qué resolver casos similares de forma distinta subsiste.

Conclusión
En virtud de lo expuesto, se colige lo siguiente:
1. Lo bueno de la Sentencia es que destaca la importancia del principio dispositivo cuando los jueces se encuentran ante acciones de nulidad de laudos. Los jueces deben limitarse a analizar los argumentos planteados por las partes y no pueden introducir argumentos de oficio.
2. Lo malo de la Sentencia es que la Corte tomó su decisión sin considerar los efectos prácticos que generaría. Si bien declaró la vulneración de un derecho y ordenó su reparación, el medio que escogió para ese propósito agrava la situación jurídica de las partes.
3. Lo feo de la Sentencia es que la Corte no explica la verdadera motivación de su decisión ni por qué se apartó de su propia línea jurisprudencial.

REFERENCIAS

[1] Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 2520-18-EP/23 (Voto de Mayoría), 24 de mayo de 2023, párr. 86.

[2] Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 1301-21-EP/24 (Voto de Mayoría), 19 de diciembre de 2024, párr. 25.

[3] Id., párr 20.

[4] Id., párr 20.

[5] Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 2520-18-EP/23 (Voto de Mayoría), 24 de mayo de 2023, párr. 86.

[6] Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 1301-21-EP/24 (Voto de Salvado de Richard Ortiz), 19 de diciembre de 2024, párr. 7.

[7] Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 1301-21-EP/24 (Voto de Mayoría), 19 de diciembre de 2024, párr. 32.

[8] Id., párr. 33.

[9] Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 1301-21-EP/24 (Voto de Salvado de Richard Ortiz), 19 de diciembre de 2024, párr. 8.

[10] Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 1301-21-EP/24 (Voto de Mayoría), 19 de diciembre de 2024, párr. 33.

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Datos interesantes del Informe de Gestión del año 2024 de la Procuraduría General del Estado

Datos interesantes del Informe de Gestión del año 2024 de la Procuraduría General del Estado

REGRESAR

AUTOR: Bernarda Muriel

BIOGRAFÍA:

Asociada en Corral Rosales, Miembro del Comité Ejecutivo de ECUVYAP, Secretaria de la Junta Directiva del CEIA y Representante CEIA Mujeres – Capítulo Ecuador. Abogada por la Universidad San Francisco de Quito; LL.M por Georgetown University Law Center.

Palabras Clave:

Presupuesto General del Estado | Informe Anual | Procuraduría General del Estado | procedimientos arbitrales | PROFIP

En enero de 2025, la Procuraduría General del Estado (“PGE”) presentó a la Asamblea Nacional su Informe Anual de Labores del año 2024. A continuación se detallarán los resultados más relevantes de este informe, que divisan la situación actual del Estado ecuatoriano como parte dentro de procedimientos arbitrales nacionales e internacionales, tanto en un ámbito comercial como de inversiones [1].

Cabe mencionar, como antecedente, que para el año fiscal 2024, dentro del Presupuesto General del Estado, se incluyó como “contingente pasivo” por laudos arbitrales un monto de USD 2.488.965.585,38. Este valor se calcula sobre la base de los datos proporcionados por la PGE y con corte a noviembre del 2023 y sin contar los laudos de los casos GLP y Gente Oil. Dentro de los posibles laudos a ejecutarse en contra de Ecuador en 2024, se encontraban los laudos de los casos Igapo; Kamana/Shaya; Pañaturi, AECON, Chevron, Merck & Dohme, Rao UES, y Worley Parsons, dando un total de USD 2.425.869.977,42 [2].

Con esto en mente, los resultados claves a mencionar del informe de la PGE son los siguientes:

Sobre causas internacionales: la PGE reporta un total de 95 causas procesadas, de las cuales (i) 10 fueron terminadas; (ii) 8 constituyen nuevos casos en sede extranjera o ante organismos regionales, arbitrajes comerciales y arbitrajes de inversión; y (iii) 85 son procesos activos.

Del grupo de causas activas, 7 son arbitrajes de inversiones iniciados en contra del Ecuador, 13 procedimientos arbitrales comerciales, 2 casos ante Juntas Combinadas de Disputas o Dispute Boards, y 44 notificaciones de controversia. Las industrias reportadas para estos procedimientos internacionales son principalmente minería, hidrocarburos, recursos no renovables, infraestructura, entre otros.

En resumen, el Estado reporta que tuvo 1 resultado favorable, 2 resoluciones parcialmente favorables, y 3 soluciones por vía amistosa. En total, se calcula un ahorro de USD 56.676.431,49 por concepto de “pagos evitados”, ya que la cuantía total reclamada en estos casos ascendía a USD 129.705.131,56 y el monto fijado por los tribunales arbitrales fue de USD 73.028.700,07. De las causas nuevas registradas, 4 tuvieron resultados desfavorables.

Finalmente, en un plano internacional, la PGE menciona que la defensa del Estado ha estado a cargo del equipo de la propia institución, así como de estudios jurídicos internacionales. Sería primordial en este analizar cuál el progreso del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la PGE – PROFIP, iniciado en 2022, que tenía entre sus objetivos, capacitar a funcionarios internos para que intervengan en la defensa jurídica del Estado en procedimientos internacionales, que por ende representaría un ahorro para el Estado [3]. Se debe considerar que conforme el Informe de Ejecución Presupuestaria del Programa de Preservación de Capital de la PGE, en 2024 para el pago de costos y gastos asociados con procedimientos arbitrales nacionales e internacionales y judiciales le fueron asignados USD 9.043.477,55, de los cuales se devengó un 96.06%, equivalente a USD 8.686.797,45 [4].

Respecto a procedimientos nacionales: se contemplan 12 nuevos casos que involucraron a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (SETEGISP), Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Mancomunidad del Proyecto de Agua Potable Pesillo Imbabura, Empresa Pública Estratégica del Ecuador (CELEC), Arconel, Ministerio de Agricultura y Ganadería, GAD del cantón Cuenca, GAD del cantón Manta, Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), GAD del cantón Carlos Julio Arosemena Tola, GAD del cantón Baños de Agua Santa, y Petroecuador. Las disputas versan principalmente sobre contratación pública, telecomunicaciones, y electricidad. Además, se reporta que 12 casos iniciados en años previos concluyeron en 2024.

Se resalta que se interpusieron demandas arbitrales en virtud del Artículo 5 del Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación (infra), que previo a ser parcialmente derogado disponía que, en caso de falta de respuesta de la entidad contratante a la solicitud de celebración del convenio arbitral propuesto por la contratista en el término de 30 días, este se entendía tácitamente aceptado. Además, se determina que existió un ahorro de USD 2.092.560,54 por “pago evitado”, ya que los valores demandados eran de USD 14.533.798,25, y el total de montos otorgados por tribunales arbitrales fue de USD 12.441.237,71.

Casos relevantes: en un plano internacional, la PGE enlista a los siguientes casos (i) Worley Parsons (arbitraje comercial), que concluyó con la desestimación de las pretensiones de la demandante y el pago voluntario a Ecuador de USD 6.048.471,01; (ii) PCR (arbitraje de inversiones) que finalizó por acuerdo de las partes, al haber pagado Petroecuador (parte en el arbitraje comercial que originó la disputa de inversiones) a PCR el monto condenado en este procedimiento inicial; (iii) Kamana/Shaya (arbitraje comercial), en el cual el tribunal arbitral condenó a Petroecuador, pero que finalmente se resolvió a través de un acuerdo de mediación entre las partes en el que se re financiaban los valores ordenados en el laudo.

Respecto a casos nacionales, la PGE establece los procedimientos (iv) Consorcio Tránsito Seguro Manta, en el cual el tribunal decidió que no tenía competencia ratione personae por los defectos en la comparecencia de la parte actora y la legitimación en la causa. No obstante, se nota que adicionalmente existe una causa internacional en curso; (v) Consorcio Ponce-Carrasco y otros, el tribunal se declaró incompetente ya que los demandantes no cumplieron con el Artículo 4(a) de la LAM -celebrar un convenio arbitral antes del surgimiento de la controversia-, y en vista de que los actores no habrían cumplido los requisitos para que opere el consentimiento tácito de la autoridad (Artículo 5 de la LAM).

Para finalizar, vale mencionar dos puntos. Primero, que actualmente el Presupuesto General del Estado de 2024 se encuentra prorrogado por USD 36.063,02 millones, considerando que están pendientes las elecciones presidenciales de abril de 2025. Por lo tanto, solo en agosto de 2025, cuando se elabore un nuevo Presupuesto por el Presidente electo, se podrá conocer si se asignará un valor específico para cubrir laudos internacionales como “contingentes pasivos”.

Segundo, en mayo de 2024 fue presentado el “Proyecto de ley para el cumplimiento de la voluntad popular expresada en la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024 en lo relativo a la prohibición del arbitraje internacional” [5], que de ser aprobado afectaría directamente la forma en la que el Estado presupuesta y financia el pago de posibles condenas, pues se contempla la reforma del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para evitar (i) que se financien con endeudamiento el pago de laudos arbitrales internacionales en contra del Estado; (ii) que se destine en el Presupuesto General del Estado recursos –actualmente registrados como “pasivos contingentes”– para el pago de laudos internacionales en contra del Estado “mientras estos no hayan sido reconocidos” [6].

Estaremos a la expectativa de qué sucederá en este 2025.

REFERENCIAS

[1] Procuraduría General del Estado, Informe Anual de Labores del año 2024. Disponible en: https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambleanacionalnameuid-20/informe-labores-instituciones/2024/procuradoria-estado-21-01-2025.pdf

[2] Secretaría de Financiamiento Público y Análisis de Riesgo – Ministerio de Economía y Finanzas, 2024. Disponible en: https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2024/02/Anexo-4.-Pasivos-Contingentes.pdf

[3] H. García Larriva, B. Muriel Bedoya, Ecuador’s Attorney General’s Office Seeks Modernization: What to Expect?, 2022. Disponible en: https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2022/01/02/ecuadors-attorney-generals-office-seeks-modernization-what-to-expect/ Ver adicionalmente, Procuraduría General del Estado, Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI, Proyecto PROFIP – Período 2024. Disponible en: http://www.pge.gob.ec/images/documentos/LeyTransparencia/2025/profip/enero/INFORME_EJECUTIVO_PROFIP_diciembre_2024.pdf

[4] Procuraduría General del Estado, Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI, Resumen de Preservación de Capital – Período 2024. Disponible en: http://www.pge.gob.ec/images/documentos/LeyTransparencia/2025/profip/enero/INFORME_EJECUTIVO_PPC_diciembre_2024.pdf. Ver adicionalmente, https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2024/02/Anexo-1.-Justificativo-ingresos-y-egresos-1.pdf

[5] Asamblea Nacional del Ecuador, Proyecto de ley para el cumplimiento de la voluntad popular expresada en la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024 en lo relativo a la prohibición del arbitraje internacional. Disponible en: https://www.asambleanacional.gob.ec/es/multimedios-legislativos/96195-proyecto-de-ley-para-el-cumplimiento-de. Actualmente, el proyecto se encuentra en revisión de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, para luego avanzar al primer debate por la Asamblea.

[6] El proyecto de ley contempla eliminar la disposición derogatoria segunda de la Ley de Fomento Productivo, que prescindió del requisito de homologación de laudos extranjeros. Ver F. Castro, Asambleísta presenta “Proyecto de Ley para el cumplimiento de la voluntad popular expresada en la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024 en lo relativo a la prohibición del arbitraje internacional”. Disponible en https://ecuvyap.iea.ec/boletin/asambleista-presenta-proyecto-de-ley-para-el-cumplimiento-de-la-voluntad-popular-expresada-en-la-consulta-popular-y-referendum-del-21-de-abril-de-2024-en-lo-relativo-a-la-prohibicion-del-arbi/

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¿Es la Acción Extraordinaria de Protección una vía efectiva para resolver sobre violaciones a derechos fundamentales en decisiones judiciales y arbitrales?

¿Es la Acción Extraordinaria de Protección una vía efectiva para resolver sobre violaciones a derechos fundamentales en decisiones judiciales y arbitrales?

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AUTOR: Bernarda Muriel

BIOGRAFÍA:

Asociada en Corral Rosales, Miembro del Comité Ejecutivo de ECUVYAP, Secretaria de la Junta Directiva del CEIA y Representante CEIA Mujeres – Capítulo Ecuador. Abogada por la Universidad San Francisco de Quito; LL.M por Georgetown University Law Center.

Palabras Clave:

Corte Constitucional | AEP | Nulidad de laudo arbitral | normativa comunitaria.

La Corte Constitucional notificó el pasado 26 de febrero, la sentencia dictada dentro del caso No. 1644-19-EP. El proceso fue iniciado por el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. Conecel (“Conecel”), quien propuso una Acción Extraordinaria de Protección (“AEP”) en contra de la sentencia de nulidad de laudo arbitral dictada por la Presidencia de la Corte Provincial de Pichincha (la “Corte Provincial”).

En 2016, Conecel inició un arbitraje en contra de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y la Procuraduría General del Estado por incumplimiento de un contrato de concesión suscrito entre ambas partes [1]. En 2018, el tribunal arbitral rechazó las pretensiones de Conecel [2]. Frente al laudo, Conecel interpuso una acción de nulidad por dos motivos (i) por falta de motivación y (ii) por omisión del tribunal arbitral de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (“Tribunal de Justicia”) de una norma comunitaria en materia de competencia discutida en el arbitraje [3]. El Presidente de la Corte Provincial desestimó la acción de Conecel por no estar contempladas en el Artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación [4].

Posteriormente, Conecel interpuso la AEP en contra de la decisión de la Corte Provincial por (i) violación a la seguridad jurídica y (ii) por vulneración al derecho del debido proceso. Sobre este segundo punto, Conecel determinó que bajo normativa comunitaria andina, tanto el tribunal arbitral como el Presidente de la Corte Provincial estaban obligados a solicitar al Tribunal de Justicia su interpretación. Es decir, existió una omisión doble [5].

La mayoría de la Corte, en sentencia de 6 de marzo, decidió desestimar las alegaciones de Conecel. En primer lugar, determinó que la sentencia No. 302-15-SEP-CC invocada por Conecel, la cual contempla la falta de motivación como causal de nulidad de laudos arbitrales, no es un precedente vinculante de la Corte Constitucional, ergo, no puede existir una violación a la seguridad jurídica [6].

En segundo lugar, la Corte se negó a resolver sobre la vulneración al debido proceso de Conecel en este caso en concreto. A criterio de la mayoría, si bien la interpretación prejudicial por el Tribunal de Justicia es obligatoria cuando una norma comunitaria es esencial para resolver una controversia [7], y la falta de hacerlo puede generar un vicio procesal grave (i) la sola mención a una norma comunitaria no implica una obligación de solicitar la interpretación [8]; (ii) para determinar si la norma es esencial, se debe analizar el fondo de la controversia [9]; lo que (iii) implicaría una revisión del mérito del laudo arbitral y de la sentencia de nulidad. Una revisión sobre el mérito de la controversia para la Corte sería improcedente al ser “una valoración por fuera de la esfera constitucional” [10].

Frente al razonamiento de la Corte, cabe hacerse dos preguntas: ¿qué fuerza tiene para la Corte Constitucional entonces la jurisprudencia del TJCA en los que se ha establecido que la falta de interpretación prejudicial puede constituir una casual de nulidad de laudos y sentencias? y si ¿el criterio restrictivo de la mayoría de la Corte desprotege a las partes que requieren de la aplicación de derecho comunitario?

Resulta más sensata la posición de la Jueza Daniela Salazar, que en su Voto Salvado determinó que se debió formular dos problemas jurídicos adicionales para evaluar (i) la conducta del Presidente de la Corte Provincial al decidir que la falta de interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia no es una causal de nulidad; y (ii) la conducta del tribunal al haber omitido realizar una consulta al Tribunal de Justicia. Lo anterior responde a que frente a los cargos de Conecel, la Corte debía esclarecer si las causales de nulidad previstas en el Artículo 31 de la LAM admiten excepción, o no, y en caso de llegar a una conclusión negativa, evaluar si la omisión en cuestión por parte de los tribunales arbitrales sería objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional a través de una AEP, o si en su defecto, dicha revisión también excedería sus competencias [11].

En conclusión, la decisión de mayoría de la Corte Constitucional ha abierto una puerta para que jueces y árbitros -que indiscutiblemente tienen una obligación- omitan la solicitud de interpretación prejudicial de normativa comunitaria al Tribunal de Justicia, y que esa conducta no tenga repercusiones. Si la Corte no es la competente, ¿entonces quién?

REFERENCIAS

[1] Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 1644-19-EP/25 (Voto de Mayoría), 6 de febrero de 2025, párrs. 1-2.

[2] Id., párr. 3.

[3] Id., párrs. 4-7.

[4] Presidencia de la Corte Provincial de Pichincha, Proceso No. 17100-2018-00037.

[5] Id., Sección 3.1.

[6] Id., párrs. 36-38.

[7] Id., párrs. 47-49.

[8] Id., párr. 50.

[9] Id., párrs. 54-55.

[10] Id., párr. 52.

[11] Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 1644-19-EP/25 (Voto Salvado), 6 de febrero de 2025, párr. 9.

ECUVYAP y los autores de este trabajo invitan a todos los lectores a compartir sus comentarios en este blog, para contribuir así a la crítica académica y al debate profesional sobre los contenidos aquí expuestos.

Sentencia 2019-21-EP/24: La Corte Constitucional del Ecuador reitera, ahora para el arbitraje, los estándares de la citación por prensa

Sentencia 2019-21-EP/24: La Corte Constitucional del Ecuador reitera, ahora para el arbitraje, los estándares de la citación por prensa

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AUTORES: Gustavo Andrés Villacreses Brito y María Valentina Paladines Ramos

BIOGRAFÍA:

Gustavo Villacreses es abogado y sicólogo clínico por la Universidad San Francisco de Quito USFQ (Ecuador), con subespecializaciones en derecho empresarial y en relaciones internacionales; especialista superior en derecho procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador; actualmente, asesor jurisdiccional en la Corte Constitucional del Ecuador; y, miembro del comité ejecutivo de ECUVYAP.

Valentina Paladines es abogada por la Universidad San Francisco de Quito USFQ (Ecuador); ejerce su práctica principalmente en el área de arbitraje, nacional e internacional; actualmente es abogada visitante en Adell & Merizalde, en las oficinas de Bogotá; y, miembro del comité ejecutivo de ECUVYAP.

Palabras Clave:

Arbitraje | citación | prensa | derecho a la defensa | estándares constitucionales | Corte Constitucional del Ecuador

El 5 de septiembre de 2024, la Corte Constitucional del Ecuador emitió la sentencia 2019-21-EP/24, relacionada con los estándares constitucionales para la procedencia de la citación por prensa en un proceso arbitral. [1] Previamente, la Corte ya se había pronunciado sobre esta temática. Por un lado, emitió la sentencia 2791-17-EP/23, con respecto a la citación por prensa en el contexto de procesos judiciales. Por otro lado, en la sentencia 2573-17-EP/21, se pronunció, de manera breve, sobre esta citación cuando existe un domicilio contractual previamente acordado por las partes. No obstante, en la sentencia más reciente, la Corte ha sido muy explícita al determinar cómo los parámetros previamente establecidos son extensibles a los procesos arbitrales. Así, en este breve artículo no nos centraremos en la resolución del caso concreto que motivó este pronunciamiento constitucional, sino que, reseñaremos lo central de la sentencia, sin descuidar una breve recapitulación del proceso de origen para comprender las raíces de esta causa.

El proceso constitucional 2019-21-EP, ahora público, fue activado el 16 de junio de 2021 por el Sr. Luis Eduardo Peñafiel Barrezueta, cuando presentó una acción extraordinaria de protección, con los antecedentes que se exponen sucintamente ahora.

El 12 de febrero de 2020, el Conjunto Clínico Nacional CONCLINA C.A. (propietaria del Hospital Metropolitano de Quito) activó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito un proceso arbitral en contra del Sr. Peñafiel Barrezueta, quien había sido su paciente, con el objetivo de cobrar unas facturas pendientes por alrededor de USD 50.000. Tras fallidos intentos de citarlo personalmente, el Centro de Arbitraje dispuso la citación por la prensa. Una vez que se realizó esta diligencia, el proceso arbitral continuó hasta arribar al laudo de 19 de abril de 2021 [2], en el cual se aceptaba la pretensión de Conclina y se ordenaba al Sr. Peñafiel Barrezueta el pago de alrededor de USD 49.500. 

El 28 de mayo de 2021, el Sr. Peñafiel Barrezueta presentó ante el tribunal arbitral una acción de nulidad contra el laudo, alegando una indebida citación, puesto que únicamente se enteró de la existencia del proceso arbitral cuando una representante de Conclina contactó por teléfono a su abogado para realizar el cobro de lo determinado en el laudo. No obstante, dicha petición fue negada por el tribunal arbitral, por haberse presentado extemporáneamente, pues el término de 10 días había precluido, contabilizándolo desde la ejecutoría del laudo.[3] Ante ello, el 16 de junio de 2021, el Sr. Peñafiel Barrezueta presentó la acción extraordinaria de protección.[4] 

Ahora, el Pleno de la Corte ha emitido la sentencia del caso. La Corte Constitucional analiza una posible vulneración al derecho constitucional a la defensa “dada una presunta indebida citación por prensa”. Este punto de partida fue determinado por la máxima judicatura constitucional con base en los cargo presentados por el accionante del caso. En su demanda constitucional, el Sr. Peñafiel Barrezueta alegó la vulneración por una supuesta indebida citación por prensa debido a que el tribunal arbitral jamás debió ordenarla, en tanto Conclina falseó a la verdad en su declaración juramentada de no poder determinar su domicilio. Dicha falsedad habría ocurrido porque Conclina en realidad “no agotó todos los registros de público acceso”. Agregó al respecto, que su contraparte debía acudir al Registro de la Propiedad de Quito, así como al Municipio de Quito para solicitar un listado de todos sus bienes y así poder encontrar el lugar de trabajo y domicilio para la notificación personal. Adicionalmente, el Sr. Peñafiel Barrezueta apuntó una serie de errores que habría cometido Conclina en sus búsquedas en otros registros públicos.

Frente a esos argumentos, la Corte Constitucional, primero, realiza una recapitulación sobre el contenido del derecho a la defensa y resalta la importancia de la citación como solemnidad sustancial para garantizar el pleno goce de dicho derecho. Hace hincapié en lo excepcional de la citación por prensa y resalta de sus pronunciamientos previos que “las autoridades jurisdiccionales deben verificar el cumplimiento de determinados elementos fundamentales que configuran los estándares aceptados para que esta sea procedente en un proceso jurisdiccional”.[5]

Para contextualizar normativamente lo referido al presente caso que tiene por objeto la citación por prensa en un procedimiento arbitral, la Corte hace referencia expresa al artículo 11 de la Ley de Arbitraje y Mediación [6], y complementa con el artículo 56 del Código Orgánico General de Procesos [7]. Después, realiza una articulación entre lo que ya ha establecido previamente para la citación por la prensa en proceso judiciales [8] y las normas antes referidas que son de especial aplicación al arbitraje. Es así como la sentencia 2019-21-EP/24 (párrs. 38 y ss) establece, con aplicación para los procesos arbitrales, que:

“[E]n aquellos casos en los cuales la parte accionante alega imposibilidad de determinar el domicilio y residencia de la parte demandada, para considerar que la citación por prensa es debida, es decir, que garantiza el derecho a la defensa como garantía del debido proceso, y, por tanto, es procedente:

[…] Primero, (A) se debe constatar que la parte accionante haya presentado una declaración bajo juramento que cumpla con los siguientes parámetros fundamentales:

  1. La declaración bajo juramento no requiere de solemnidad alguna para entenderla como válida, pues basta que la parte accionante la manifieste para que genere su responsabilidad.
  2. En la declaración bajo juramento, no es suficiente expresar que se desconoce el domicilio y residencia de la parte demandada; sino que, la parte accionante debe declarar que es imposible su determinación.
  3. La parte accionante debe declarar haber realizado todas las diligencias razonables, tanto exigidas expresamente por la ley como aquellas acordes a las particularidades del caso,40 como acudir a los registros de público acceso, para determinar el domicilio y la residencia de la parte demandada, y demostrar dentro del proceso efectivamente haberlas realizado. Ante la imposibilidad justificada y comunicada por la parte accionante de acceder a información necesaria para identificar el domicilio o residencia de la parte demandada, la autoridad jurisdiccional, en este caso arbitral, debe requerir a las instituciones públicas o privadas su entrega.
  4. La parte accionante debe presentar la certificación de la autoridad rectora de movilidad humana que identifique si la parte demandada ha registrado salida del país y si consta en el registro consular. Si se verifica que es así, se citará mediante carteles fijados en el consulado, en los portales electrónicos consulares oficiales en el que se encuentra registrado, y a través de correo físico o electrónico.
  5. La citación por prensa debe ser un mecanismo eficaz para garantizar el derecho a la defensa de la parte demandada, considerando su condición personal (e.g., analfabetismo) u otras circunstancias relevantes de acuerdo con la información disponible o cuya obtención sea razonablemente posible.41

[…] Después, (B) la citación se debe realizar mediante dos publicaciones en un diario de amplia circulación (i) en el lugar en donde se sigue, para este caso, el arbitraje y (ii) en el domicilio del demandado.”

“40 Por ejemplo, en el caso 2573-17-EP, esta Corte concluyó que, específicamente en la especie, la parte accionante del proceso arbitral no estaba obligada a agotar todo mecanismo de determinación de otro lugar para la citación de su contraparte, pues previamente se había fijado de común acuerdo un domicilio contractual de la parte demandada y, debido a que las partes no aportaron información adicional para la citación durante el curso del proceso, la existencia de una declaración juramentada fue suficiente para que proceda en legal y debida forma la citación por prensa (CCE, sentencia 2573-17-EP/21, 25 de agosto de 2021, párrs. 64-78).

41 Respecto a este requisito, ver: CCE, sentencia 341-14-EP/20, 22 de enero de 2020, párrs. 50-51.”

Una vez establecido este marco de análisis, la Corte procede a su aplicación al caso concreto. Aun cuando el objetivo de este breve trabajo no es enfocarse en la resolución de la causa, resulta importante resaltar cómo la Corte advirtió que los fundamentos fácticos de la acción extraordinaria de protección presentada por el Sr. Peñafiel Barrezueta se referían a presuntos vicios específicos de las indagaciones de su contraparte en el proceso arbitral [9]. Ante ello, la judicatura constitucional resaltó (párr. 39) que:

“No obstante, de lo establecido previamente por esta Corte y recapitulado en los párrafos precedentes, se desprende que los estándares exigidos para la procedencia de la citación por prensa son mínimos necesarios para garantizar el derecho a la defensa. De hecho, este Organismo ha establecido, por ejemplo, que en la declaración bajo juramento resulta suficiente que ‘la parte accionante debe declarar haber realizado todas las diligencias razonables, tanto exigidas expresamente por la ley como aquellas acordes a las particularidades del caso, como [por ejemplo] acudir a los registros de público acceso, para determinar el domicilio y la residencia de la parte demandada, y demostrar dentro del proceso efectivamente haberlas realizado’.”

Con esta aclaración, la Corte delimitó su actuación dentro de la acción extraordinaria de protección ante las alegaciones de vicios en la citación por prensa dentro de un proceso arbitral. En tal sentido, recalcó que “corresponde entonces, primero, reseñar las actuaciones procesales concernientes a la citación dentro del proceso arbitral de origen; y, después, cotejarlas con el marco conceptual antes expuesto, para verificar si la citación por prensa garantizó su derecho a la defensa”. Es decir, la Corte Constitucional no optó por analizar los supuestos vicios específicos alegados por el accionantes, para evitar fungir como una instancia de apelación para la actuaciones del tribunal arbitral, sino que se abocó a verificar el cumplimiento de los estándares mínimos que fueron previamente establecidos.

Así, realizó una breve recapitulación sobre los hitos procesales que desembocaron en la citación por la prensa en el proceso arbitral. Después, analizó si Conclina cumplió con presentar una declaración bajo juramento, a la luz de los estándares establecidos por la Corte para que la citación por prensa respete los derechos constitucionales de las partes. 

Primero, observó que, aún sin ser necesaria tal formalidad, la declaración juramentada “fue instrumentada a través de una escritura pública”. Segundo, verificó que efectivamente Conclina declaró que le fue imposible “determinar el domicilio del señor Luis Eduardo Peñafiel Barrezueta” y que esta imposibilidad se dio “a pesar de haber efectuado todas las diligencias necesarias para determinar su domicilio y después de haber acudido a todos los Registros de Público Acceso”. En este punto la Corte resaltó que, además de verificar que dicha declaración contaba con pruebas, a dicha judicatura constitucional no le correspondía “analizar la valoración efectuada por la autoridad jurisdiccional respecto de tales pruebas”. Esto reafirma los límites que la Corte Constitucional debe cumplir al analizar este tipo de recursos.

Tercero, encontró que se cumplió el requisito de obtención de la certificación consultar de salida del país y la configuración de la citación por prensa como un mecanismo eficaz ante la ausencia de “condición personal o circunstancia relevante alguna” por parte del citado. Finalmente, la Corte examinó que la citación por prensa efectivamente se realizó con dos publicaciones en un diario de amplia circulación nacional.

Sobre la base de este análisis, la Corte Constitucional concluyó que se habían cumplido “dos publicaciones —de 21 y 22 de octubre de 2020— en un diario de amplia circulación” y descartó la alegada vulneración al derecho constitucional a la defensa del Sr. Peñafiel Barrezueta.

Como reflexión final sobre esta sentencia, es importante destacar la función que ha cumplido la máxima instancia de protección a los derechos constitucionales con un claro respeto a la autonomía del arbitraje. Si bien es cierto que en muchos casos se vuelve angosta la frontera que protege al arbitraje de una invasión por parte de la jurisdicción estatal, la resolución de este caso demuestra un posible convivencia y respeto a la voluntad de las partes de una arbitraje, así como una autolimitación de la justicia pública ante las funciones que los sujetos procesales encomiendan a los tribunales arbitrales con base en la autonomía de su voluntad.

REFERENCIAS

[1] Corte Constitucional del Ecuador. Caso 2019-21-EP, sentencia 2019-21-EP/24, del 05 de septiembre de 2024. Disponible en: «http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOiczMmE5Yzg3Mi05MTE2LTQyNTEtYjJlZi0xZjg0MjFmOTgwMjgucGRmJ30=».

[2] Leído el 21 de abril de 2021.

[3] Conforme el artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

[4] Exclusivamente contra el laudo, mas no contra la negativa a su acción de nulidad.

[5] CCE, sentencia 2791-17-EP/23, 19 de abril de 2023, párr. 25.

[6] “Citación y contestación de la demanda arbitral

Art. 11.- Presentada la demanda, el director del centro de arbitraje, o si fuere el caso, el árbitro o árbitros independientes previa su posesión […], calificarán la demanda y mandarán a citar a la otra parte […].

[…] Si al actor le fuere imposible determinar el domicilio del demandado, [B] la citación se hará mediante dos publicaciones en un diario de amplia circulación en el lugar en donde se sigue el arbitraje y en el domicilio del demandado. Si el demandado no compareciere en el término de diez (10) días después de la última publicación, este hecho se tendrá como negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda. [A] La imposibilidad de determinación del domicilio del demandado deberá justificarse con arreglo a las normas del [… Código Orgánico General de Procesos].” (énfasis agregado).

[7] “Art. 56.- Citación a través de uno de los medios de comunicación. A la persona o personas cuya individualidad, domicilio o residencia sea imposible determinar […]

[…]

[i] La declaración de [ii] que es imposible determinar la individualidad, el domicilio o residencia de la o del demandado y [iii] que se han efectuado todas las diligencias necesarias, para tratar de ubicar a quien se pide citar de esta forma, como acudir a los registros de público acceso, [i] la hará la o el solicitante bajo juramento […].

Para el caso anterior [iv] se adjuntará además la certificación de la autoridad rectora de Movilidad Humana que identifique si la persona que salió del país consta en el registro consular. Si se verifica que es así, se citará mediante carteles fijados en el consulado, en los portales electrónicos consulares oficiales en el que se encuentra registrado y a través de correo físico o electrónico.” (énfasis agregado).

[8] Ver, especialmente: CCE, sentencia 2791-17-EP/23 (citación por la prensa y debido proceso), 19 de abril de 2023, párrs. 32-33. Asimismo: CCE, sentencias 2573-17-EP/21, 25 de agosto de 2021, párrs. 50-54; 1688-14- EP/20, 22 de enero de 2020, párr. 52; 341-14-EP/20, 22 de enero de 2020, párrs. 50-51.

[9] Como que la declaración juramentada de su contraparte —Conclina— habría sido “falsa”, al no haber agotado, por circunstancias específicas, “todos los registros de público acceso para determinar su domicilio o lugar de trabajo”.

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Actualidad del arbitraje inversionista-Estado en Ecuador y la utilidad del regreso al CIADI

Actualidad del arbitraje inversionista-Estado en Ecuador y la utilidad del regreso al CIADI

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AUTOR: Felipe Castro Zurita

  • Actualidad del arbitraje de inversiones en Ecuador

En lo últimos años tuvieron lugar, entre otros, tres eventos determinantes para el arbitraje como método de solución de conflictos entre inversionista y Estado en Ecuador:

  1. Primero, en 2017, se denunciaron 16 TBIs que Ecuador tenía vigente con Alemania, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, China, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Perú, Reino Unido, Suecia, Suiza y Venezuela, que preveían arbitraje como método de solución de conflictos inversionista-Estado.
  2. Segundo, en el dictamen de constitucionalidad del acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica en 2023, la Corte Constitucional indicó, a propósito del artículo 422 de la Constitución, que la intención del constituyente fue prohibir el sometimiento a arbitraje de inversiones a través de tratados internacionales y que, por ende, el Estado ecuatoriano, en general, no puede suscribir TBIs que contengan convenios arbitrales para la resolución de disputas relativas a inversiones.
  3. Tercero, el presidente Daniel Noboa convocó a un referéndum con el propósito de eliminar dicha prohibición del artículo 422 para pactar arbitraje de inversiones como método de solución de conflictos dentro de un TBI. Sin embargo, el resultado del referéndum fue desfavorable. 

A pesar de estas decisiones y resultados que son desfavorables para el arbitraje inversionista-Estado, recordemos que Ecuador volvió a ser parte del Convenio CIADI en 2021.  Sin embargo, considerando la denuncia de los TBIs, la posición de la Corte Constitucional, y el resultado desfavorable del referéndum, ¿qué utilidad tiene ser parte del Convenio CIADI bajo esas circunstancias?

Es cierto que existen TBIs—de aquellos denunciados en 2017—que tienen cláusulas de supervivencia hasta 2028 aproximadamente. No obstante, después del regreso al CIADI en 2021, solo un caso bajo la jurisdicción de dicho Centro ha sido iniciado. Por ello, y por el corto tiempo en el que se mantendrá la supervivencia de los TBIs, la utilidad realmente palpable se podría observar en la solución de controversias basadas en un contrato en el CIADI.

  • Las controversias contractuales en el CIADI

El CIADI reconoce la posibilidad de invocar la jurisdicción del Centro para resolver controversias basadas en contratos. El artículo 25(3) del Convenio, indica que el Estado central puede aprobar de manera expresa y previa que cualquier subdivisión política u organismo público se someta a la jurisdicción del CIADI. Por lo tanto, de existir aprobación del Estado central, las entidad públicas y los inversionistas pueden, sobre la base de un contracto, someterse a arbitraje bajo como mecanismo de solución de controversias.

La base jurídica es el artículo 25(1) del Convenio, pues a pesar de que no se trate de una controversia inversionista-Estado bajo un TBI, la jurisdicción del Centro debe analizarse sobre la base de dicho artículo. Por tanto, debe tratarse de una diferencia de naturaleza jurídica que surja directamente de una inversión, entre un Estado Contratante (o cualquier organismo de ese Estado) y un nacional de otro Estado Contratante. En este caso, (i) la inversión sería el propio contrato de inversión, (ii) las Partes deben ser un inversionista extranjero y una entidad pública ecuatoriana y (iii) ambas deben prestar su consentimiento de someterse al CIADI en dicho instrumento.

Existen varios casos relacionados con Ecuador que han sido administrados por el CIADI en los que los reclamos han sido exclusivamente contractuales (inversionista c. entidad pública) y la jurisdicción se ha analizado a la luz del artículo 25(1) del Convenio:

  1. Caso CIADI No. ARB/01/10 – Repsol c. Petroecuador: se resolvió sobre el incumplimiento de Petroecuador de un Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos. La jurisdicción del Centro fue invocada según la cláusula 20.3. de dicho contrato y se examinó sobre la base del artículo 25(1) del Convenio. El tribunal se declaró competente.
  2. Caso CIADI No. ARB/05/12 – Noble Energy Inc. y MachalaPower c. Ecuador y CONELEC: si bien Noble Energy invocó la jurisdicción del Centro bajo el TBI con EEUU, MachalaPower la invocó exclusivamente sobre la base de las cláusulas arbitrales contenidas en los Contratos de Inversión y de Concesión de los que era parte. El análisis de jurisdicción se hizo sobre la base del artículo 25(1) del Convenio. El tribunal se declaró competente.
  3. Caso CIADI No. ARB/06/21 – City Oriente c. Petroecuador: se invocó la jurisdicción del Centro exclusivamente sobre la base de la cláusula arbitral del Contrato de Participación para la Explotación de Hidrocarburos entre las partes. El proceso se descontinuó por acuerdo de las partes.

En todo caso, someter una controversia basada en un contrato al CIADI es excepcional. Según las estadísticas del Centro, solo el 7% de los casos que ha manejado el CIADI en el último año han sido iniciados exclusivamente sobre la base de un contrato. 

Por tanto, la utilidad que tiene ser parte del CIADI actualmente puede palparse en la posibilidad de pactar arbitraje bajo en el CIADI para resolver controversias basadas en un contrato. Sin embargo, existe una desventaja en el rechazo político al CIADI en Ecuador. No puede descartarse la posibilidad de que se vuelva a denunciar el Convenio como en 2009, pues ya se ha expresado el rechazo a las cláusulas CIADI (ej.: examen de constitucionalidad del Tratado con Costa Rica). Además, existen acciones públicas de inconstitucionalidad en contra del decreto presidencial en el que se definió el regreso de Ecuador al CIADI pendientes de resolución.

A pesar de que en este caso no se trataría de un tratado bilateral de inversiones, sino de una cláusula CIADI dentro de un contrato, no se puede descartar el riesgo que tendría una denuncia, pues uno de los efectos directos de la denuncia es quitarle la jurisdicción al Centro, pues el artículo 25 exige que una de las parte sea un Estado Contratante (o una entidad pública del Estado Contratante).

No obstante, en estos casos, ante una hipotética denuncia del CIADI, el artículo 72 del Convenio permitiría que la jurisdicción del Centro se mantenga vigente. Según, este artículo, la denuncia no afectará los derechos y obligaciones del Estado, sus subdivisiones políticas u organismos públicos, nacidos del consentimiento a la jurisdicción del Centro dado por alguno de ellos con anterioridad a la denuncia. Por ejemplo, si se celebra un contrato de inversión con cláusula CIADI en 2023, y se denuncia el Convenio en 2024, tanto la entidad pública como el inversionista ya habrían dado su consentimiento en 2023, por lo que los derechos y obligaciones no se verían afectados por la denuncia. 

Sin embargo, no existe un criterio uniforme ni precedentes en los que efectivamente se haya aplicado el artículo 72 del Convenio, por lo que no deberían ignorarse las contingencias que tendría una denuncia del Convenio ante la posibilidad de someterse al CIADI para resolver controversias basadas en un contrato.

REFERENCIAS

  • The ICSID Caseload – Statistics, Issue 1, 2024.
  • Caso CIADI No. ARB/01/10 – Repsol c. Petroecuador.
  • Caso CIADI No. ARB/05/12 – Noble Energy Inc. y MachalaPower c. Ecuador y CONELEC.
  • Caso CIADI No. ARB/06/21 – City Oriente c. Petroecuador.
  • Christian Tietje, Karsten Nowrot & Clemens Wackernagel, Once and Forever? The Legal Effects of a Denunciation of ICSID.
  • Ricardo Ampuero Llerena, Resolución de controversias contractuales en el CIADI: lecciones aprendidas de la experiencia de Perú, Revista Argentina de Arbitraje No. 12, 2023.

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