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Tribunal arbitral desestima demanda de Lynton Trading Ltd contra Ecuador
noviembre 9, 2025

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AUTOR: Manuel Durán

La República del Ecuador, a través de la Procuraduría General del Estado obtuvo un laudo favorable dentro del arbitraje iniciado por Lynton Trading Ltd bajo el Tratado Bilateral de Inversiones Ecuador–EE. UU. El tribunal concluyó que la inversión no cumplía los requisitos de protección previstos en el tratado, desestimando el reclamo.

El 26 de septiembre de 2025, el tribunal arbitral administrado por la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) resolvió el caso Lynton Trading Ltd c. República del Ecuador, iniciado al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y los Estados Unidos de América.

La controversia se originó tras la prohibición de los casinos y salas de juego en Ecuador en el año 2011, luego de la consulta popular que dispuso el cierre de estos establecimientos en 2012. El caso guarda relación con las operaciones que la empresa mantenía en el país, entre ellas la administración de ocho casinos y dieciséis salas de juego, cerradas tras la consulta popular de 2011. La empresa Lynton Trading Ltd, de capital estadounidense, alegó que la medida representó una expropiación de sus inversiones y presentó una demanda arbitral por más de USD 214 millones más intereses, reclamando, además, compensaciones por daños derivados del cese de actividades.

La defensa del Estado fue conducida por la Procuraduría General del Estado (PGE), con el apoyo de los estudios jurídicos internacionales Winston & Strawn (París) y Lauden Consulting Americas. La estrategia de defensa se centró en objeciones jurisdiccionales relacionadas con la falta de actividad económica sustancial en Estados Unidos, argumento que se sustentó en la cláusula de denegación de beneficios prevista en el tratado bilateral.

El tribunal acogió los argumentos de Ecuador y concluyó que la inversión de Lynton Trading Ltd no calificaba como protegida bajo el TBI, por lo que declinó su jurisdicción y dio por terminado el proceso. La decisión generó un ahorro estimado superior a USD 200 millones para el Estado ecuatoriano.

Adicionalmente, el tribunal ordenó a la demandante restituir el 80 % de los costos arbitrales, equivalentes a USD 1,4 millones, en favor del Ecuador.

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