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AUTOR: Felipe Castro Zurita
Tras analizar las pruebas presentadas, un tribunal de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, conformado por Alfredo Bullard González, Julio César Rivera y Carmen Núñez-Lagos (presidente), ordenó a Ecuador y a ENAMI EP pagar USD 25,3 millones por costos de exploración, desestimando la mayor parte de las pretensiones económicas de Codelco. De esta manera, la Procuraduría General del Estado calificó el laudo como un “contundente triunfo jurídico”, pues la diferencia entre lo reclamado y lo ordenado ahorra al país más de USD 500 millones.
El laudo confirma a ENAMI EP como única titular de la concesión y mantiene el control sobre el proyecto, que está ubicado en la provincia de Imbabura, al norte de Quito. El desarrollo de Llurimagua continúa suspendido, debido a que comunidades cercanas han manifestado preocupación por los posibles efectos ambientales en la zona, respaldadas por sentencias judiciales que buscan proteger la biodiversidad de los bosques nublados. La controversia suscitó atención local e internacional.