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Tratado de inversiones con Emiratos Árabes Unidos ingresa a control de la Corte Constitucional
enero 9, 2026

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AUTOR: Leslie Alejandra Pilapaña Paillacho

El Tratado Internacional de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos fue remitido a la Corte Constitucional para su control previo. El acuerdo, firmado el 6 de diciembre de 2025, busca atraer inversión extranjera a sectores estratégicos y contempla mecanismos de solución de controversias mediante arbitraje internacional.
El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió a la Corte Constitucional el Tratado Internacional de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos, dando inicio al control de constitucionalidad previo requerido para su eventual entrada en vigor. El documento fue enviado al máximo órgano de control constitucional a finales de diciembre de 2025 y su análisis determinará si el instrumento requiere o no aprobación de la Asamblea Nacional.
El tratado, firmado el 6 de diciembre de 2025 durante la gira oficial del presidente Noboa por Emiratos Árabes Unidos, consta de 34 artículos y tiene como objetivo principal promover y proteger las inversiones entre ambos Estados. Según el Ejecutivo, el acuerdo está orientado a atraer capital extranjero hacia sectores estratégicos como infraestructura, energías renovables, agroindustria, economía digital, turismo y minería responsable.
De acuerdo con la Constitución ecuatoriana, la Corte Constitucional debe pronunciarse sobre si el tratado encuadra en alguna de las causales que obligan a su aprobación legislativa, como aquellas relacionadas con derechos constitucionales, política económica, integración o comercio. El Gobierno ha sostenido que el instrumento no compromete ninguna de estas materias, por lo que solicita que se emita un dictamen favorable que permita continuar el trámite sin intervención de la Asamblea Nacional.
Uno de los aspectos relevantes del tratado es su régimen de solución de controversias entre Estados, el cual prevé que las disputas sobre la interpretación o aplicación del acuerdo puedan someterse a un tribunal arbitral internacional, una vez agotada la vía diplomática. El Ejecutivo ha enfatizado que este mecanismo se inscribe en el ámbito del derecho internacional público y no sustituye ni interfiere con las competencias de los órganos jurisdiccionales internos.
Asimismo, el tratado establece estándares de trato nacional y trato de nación más favorecida para los inversionistas de ambas partes, así como disposiciones orientadas a la prevención de la corrupción en relación con las inversiones cubiertas por el acuerdo.
La causa fue asignada por sorteo al despacho de la jueza constitucional Claudia Salgado, quien deberá elaborar un proyecto de dictamen para conocimiento y resolución del Pleno de la Corte Constitucional. El pronunciamiento que emita el organismo será determinante para definir el futuro jurídico del tratado y su eventual ratificación por parte del Estado ecuatoriano.
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