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AUTOR: Manuel Andrés Durán
La diferencia con el reclamo anterior está en quién demanda. En 2023, los mismos negocios de juegos de azar fueron discutidos ante un tribunal constituido bajo el Reglamento de la CNUDMI y administrado por la Corte Permanente de Arbitraje, pero la demandante era Lynton Trading Ltd., una sociedad constituida en Nevada en 2006, que invocó el tratado entre Estados Unidos y el Ecuador y reclamó USD 214 millones. El 26 de septiembre de 2025, el tribunal declinó su competencia por mayoría de dos votos contra uno. Aplicó la cláusula de denegación de beneficios del tratado al concluir que la sociedad no desarrollaba actividades comerciales sustanciales en territorio estadounidense y que estaba controlada por nacionales de terceros Estados. El laudo también dispuso que Lynton reembolsara alrededor del 80 % de los gastos de defensa del Ecuador, cerca de USD 1,4 millones.
La nueva solicitud corrige ese punto de partida. Cuadrado y Fuentealba Meier comparecen ahora a título personal y por los tratados de sus respectivas nacionalidades, con lo que la objeción que puso fin al primer proceso pierde su presupuesto de hecho. La estrategia traslada el debate desde la nacionalidad del vehículo societario hacia el fondo de la controversia.
El origen del conflicto se remonta a la consulta popular del 7 de mayo de 2011, en la que el electorado aprobó la prohibición de los negocios dedicados a juegos de azar. Los operadores recibieron un plazo de seis meses para cesar actividades. Antes de la medida funcionaban en el país alrededor de 160 salas de juego que empleaban a más de 25.000 personas. El 9 de marzo de 2012 se ejecutaron cierres en establecimientos de Quito, Guayaquil y Manta. Los demandantes sostienen que esas actuaciones tuvieron carácter expropiatorio.
La conformación del tribunal se encuentra en curso. Carlos F. Concepción, de nacionalidad estadounidense, fue designado por las demandantes y aceptó el cargo el 5 de agosto de 2026. Jorge E. Viñuales, de nacionalidades argentina y suiza, fue designado por el Ecuador y aceptó el 13 de agosto de 2026. Se encuentra pendiente la designación del presidente del tribunal. La defensa del Estado está a cargo de la Procuraduría General del Estado, mientras que las demandantes actúan patrocinadas por los estudios Homer Bonner Jacobs Ortiz & Dimond y Rivero Mestre, ambos con sede en Miami.
REFERENCIAS:
- https://iea.ec/noticias/el-imperio-de-los-casinos-contraataca-ecuador-es-demandado-ante-el-ciadi/
- https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/26/26
- https://www.df.cl/df-mas/por-dentro/la-batalla-sin-fin-de-los-meier-en-ecuador
- https://www.casino.org/news/ecuador-beats-nevada-firm-in-214m-casino-damages-claim/