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AUTOR: Daniela Endara Bastidas
El 9 de agosto de 2023 un consorcio de empresas ecuatorianas y colombianas denominado Consur R7H presentó una solicitud de arbitraje reclamando daños y perjuicios en contra del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Ecuador. El caso signado con el número 2024-18 será administrado por la Corte Permanente de Arbitraje (CPA). De acuerdo con la información del sitio web de la CPA el arbitraje se origina por un contrato de construcción, el mismo será en idioma español y la sede es Chile.
La disputa surge a partir de un acuerdo de asociación público-privada firmado en 2016 por las partes para la construcción y operación de la carretera Río Siete – Huaquillas. Se conoce que el valor total del proyecto superó los mil millones de dólares. A pesar de que en el año 2022 las partes llevaron a cabo negociaciones para abordar reclamos realizados por la contratista en relación con incumplimiento por parte de la contratante a la realización de pagos, la expansión de determinados permisos y la compensación a la contratista por la decisión de Ecuador de suspender el cobro de pagos en estaciones de peaje, las mismas no dieron frutos. La cuantía de la disputa es de alrededor de 70 millones de dólares.
El tribunal arbitral que conocerá esta controversia está conformado por Fernando Mantilla-Serrano (presidente, designado por los coárbitros), Guido Santiago Tawil (designado por el demandante) y Raúl Vinuesa (designado por el demandado). La defensa de la demandante será asumida por abogados de los estudios jurídicos Lexvalor y Pérez Bustamante & Ponce. Por su parte la defensa del Estado Ecuatoriano la llevará la Procuraduría General del Estado en conjunto con el estudio jurídico Adell & Merizalde.