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Ecuador anuncia acuerdo con Sinohydro: fin del litigio arbitral
julio 9, 2025

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AUTOR: Andrés Solórzano Calvache
En el año 2021, Ecuador presentó una demanda ante la Cámara de Comercio Internacional contra la compañía Sinohydro por fallas en la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Sin embargo, en el mes de julio, se informó que se había alcanzado un acuerdo con la empresa matriz, Power China, que pondría fin al litigio arbitral.

La hidroeléctrica Coca Codo Sinclair se ha convertido en el centro de múltiples debates en diversas áreas, el arbitraje no es la excepción. En el año 2006 comenzó su construcción y diez años después empezó su operación; la obra fue construida y desarrollada por Sinohydro Corporation, empresa de origen chino. En el año 2009, la compañía china firmó un contrato con la empresa estatal ecuatoriana Coca Codo Sinclair para la construcción de la central hidroeléctrica del mismo nombre.

Desde su inauguración la obra fue centro de críticas y observaciones. Según información del Estado, se habían detectado importantes irregularidades, incluyendo más de 17.000 grietas, válvulas detectadas y componentes mal instalados. Bajo este contexto, en el año 2021, Ecuador (por medio de CELEC) presentó una demanda arbitral contra Sinohydro ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), la pretensión buscaba la recuperación de $USD 580 millones de dólares por concepto de daños y perjuicios.

Transcurridos 4 años desde la presentación de la demanda, el 9 de julio del 2025, el Ministerio de Energías y Minas informó que se había logrado un acuerdo con la compañía Power China, empresa pública del gobierno de Pekín y que tiene bajo su filial a Sinohydro. Desde el Ministerio de Energías y Minas se informó que las partes dejarán el litigio arbitral, y firmarán un acuerdo, por su lado Cancillería complementó indicando que la compañía china invertirá $USD 400 millones en la hidroeléctrica, asumiendo su operación y mantenimiento.

Hasta la presente fecha, no se ha informado el archivo definitivo del arbitraje iniciado en el 2021, ni un pronunciamiento por parte de la Procuraduría General del Estado.

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