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¿Adiós al problema sin fin?: un breve comentario sobre el proceso de consulta de norma Nº 34-23-CN
febrero 26, 2024

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AUTOR: Felipe Castro Zurita

BIOGRAFÍA: N/A

Resumen:

En el caso 34-23-CN, se ha consultado a la Corte Constitucional si el artículo 42 de la Ley de Arbitraje y Mediación es contrario a la Constitución por permitir la ejecución de laudos extranjeros sin homologación previa. En el presente texto se realiza un breve comentario sobre la fundamentación de la jueza consultante y lo que prescribe la Convención de Nueva York sobre el proceso de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros.

Palabras Clave:

Laudo extranjero | homologación | Convención de Nueva York

Como antecedentes del proceso de consulta de norma Nº 34-23-CN ante la Corte Constitucional del Ecuador, la compañía Salzgitter Mannesmann Internacional presentó una demanda de ejecución de laudo extranjero ante la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito, con número de proceso 17230-2023-13207. La jueza de la causa elevó consulta de norma ante la Corte Constitucional respecto del artículo 42 de la LAM, por supuestamente contravenir el derecho a la defensa y la normativa internacional al haberse eliminado el proceso de homologación de laudos extranjeros. Específicamente, la jueza consultante indica que, bajo la normativa ecuatoriana actual

no habría necesidad de efectuar procedimiento de homologación alguno a los laudos extranjeros, ni siquiera acreditar su autenticidad; lo cual contradice la normativa internacional que dispone al ejecutor que, al momento de requerir el reconocimiento y ejecución del laudo, está obligado a acreditar la autenticidad y ejecutoriedad de éste, violando el debido proceso, en la garantía de la defensa, puesto que le quita la imposibilidad, de verificar que el Laudo Arbitral Internacional, haya cumplido con la normativa tanto internacional como nacional, y que entre ellas sean compatibles.

Es cierto que el marco normativo ecuatoriano vigente referente no requiere que los laudos extranjeros sean homologados previo a su ejecución. Esa fue la intención del legislador al eliminar la frase “laudos arbitrales” de los artículos 102 a 106 del COGEP a través de la Ley Orgánica de Fomento Productivo promulgada en 2018. Ello revivió el último inciso del artículo 42 de la LAM, según el cual los laudos arbitrajes extranjeros se ejecutan de la misma forma que los laudos nacionales. Posteriormente, el Reglamento a la LAM dejó en claro en su artículo 15 que los laudos extranjeros “serán ejecutados ante el mismo juez y de la misma forma que los laudos dictados en un procedimiento de arbitraje nacional, sin que se exija previamente un proceso de homologación”.

Ahora bien, a diferencia de lo indicado por la jueza consultante, ello no contraviene la Constitución y mucho menos el derecho internacional público.

La Convención de Nueva York de 1958 es el instrumento multilateral más exitoso en materia de derecho comercial internacional. Este instrumento establece un marco general para la incorporación de los laudos extranjeros en el sistema jurídico de los Estados parte. Uno de sus principales objetivos es unificar el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros y así eliminar el problema del doble exequatur.

En este sentido, la Convención de Nueva York consagra una serie de principios sobre el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros. El instrumento permite una interpretación favorable en cuanto a su ejecución, lo que quiere decir que existe un sesgo a favor de la ejecución. Si existen varias interpretaciones posibles, las cortes nacionales deben escoger el significado que favorezca el reconocimiento y ejecución del laudo.

En esa línea, el artículo III de la Convención establece lo siguiente: 

Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes. Para el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se aplica la presente Convención, no se impondrán condiciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o costas más elevados, que los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales.

Esta disposición indica que la Convención no impone un procedimiento para la ejecución de laudos extranjeros a los Estados parte, y, por el contrario, permite que cada Estado lo fije conforme a las necesidades domésticas. Sin embargo, lo que sí hace la Convención es establecer que el procedimiento de reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero no puede ser más riguroso que el que el Estado propone para un laudo nacional. Entonces, la Convención solo establece un techo para las disposiciones locales en cuanto a la ejecución de laudos extranjeros.

Si se desconoce este marco normativo y sus principios para la ejecución de laudos extranjeros, un Estado parte de la Convención de Nueva York estaría violando el derecho internacional público. Por lo tanto, muy al contrario de lo indicado por la jueza consultante, el derecho ecuatoriano se encontraba violando el derecho internacional público cuando estableció requisitos más rigurosos que los de la Convención de Nueva York —y que aquellos para ejecutar un laudo doméstico— para la ejecución de un laudo extranjero. Evidentemente, los requisitos de homologación establecidos en los artículos 102 a 106 del COGEP imponían una carga más gravosa a la parte que intentaba la ejecución del laudo, pues, por ejemplo, le imponían la carga de la prueba sobre los requisitos para la homologación del laudo, cuando la Convención de Nueva York exige que sea quien se opone a la ejecución quien tenga la carga de la prueba.

En definitiva, al establecer un proceso de ejecución de laudos extranjeros flexible —sin la necesidad de homologación previa— el derecho ecuatoriano es totalmente acorde al derecho internacional público y el tratado internacional más relevante en la materia. Además, no existe razón alguna para determinar que dicho procedimiento contraviene el derecho a la defensa.

En los próximos días, el Instituto Ecuatoriano de Arbitraje, en conjunto con USFQ Law Review, presentarán un amicus curiae en esta y otra causa donde se discute el asunto de la homologación. En dicho amicus curiae, este y otros argumentos a favor de la ejecución directa de laudos extranjeros se desarrollan con mayor profundidad.

La Corte Constitucional tiene la oportunidad de darle fin a este problema que ha tenido como consecuencia que los jueces demoren e incluso nieguen la ejecución directa de laudos arbitrales extranjeros.

REFERENCIAS

  • Corte Constitucional, Caso No. 34-23-CN, Auto de Tribunal de Sala de Admisión, 15 de diciembre de 2023.
  • Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, Nueva York, 1958.
  • International Council for Commercial Arbitration, Guía del ICCA para la interpretación de la Convención de Nueva York de 1958, 2013.
  • Ley de Arbitraje y Mediación. Registro Oficial 417 de 14 de diciembre de 2006, reformada por última vez el 21 de agosto de 2018.
  • Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación. Registro Oficial Suplemento 524 de 26 de agosto de 2021.

ECUVYAP y los autores de este trabajo invitan a todos los lectores a compartir sus comentarios en este blog, para contribuir así a la crítica académica y al debate profesional sobre los contenidos aquí expuestos.

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