El presente artículo analiza las principales repercusiones jurídicas derivadas de la implementación de una segunda instancia para los laudos arbitrales. Este estudio parte de la premisa de que la apelabilidad de un laudo arbitral es jurídicamente posible mediante una habilitación legal expresa y que su incorporación no resulta incompatible con el principio de autonomía de la voluntad. En este contexto, se examinan tres aspectos fundamentales: la necesidad de que la apelación dependa de un acuerdo expreso de las partes, la conveniencia de que sea conocida por un tribunal arbitral de segunda instancia y la posibilidad de extender su aplicación tanto a los arbitrajes en derecho como a los arbitrajes en equidad. A partir del análisis doctrinal, jurisprudencial y del derecho comparado, se concluye que la instauración de una segunda instancia arbitral constituye una alternativa jurídicamente viable para corregir errores sustanciales, sin desnaturalizar el arbitraje ni afectar la exclusión de la jurisdicción ordinaria.

El 26 de septiembre del 2025, la Corte Permanente de Arbitraje emitió el laudo entre Lynton Trading LTD contra la República del Ecuador. El tribunal aceptó la objeción jurisdiccional planteada por el Estado, al determinar procedente la aplicación de la cláusula de denegación de beneficios reconocida en el tratado de inversiones. El presente artículo examinará el concepto de la cláusula de denegación de beneficios en el marco del arbitraje de inversiones, examinando cuál es su finalidad, y bajo qué presupuesto el tribunal lo aplicó en el caso particular, estableciendo como consecuencia , la emisión de nuevos criterios.

El debate sobre la viabilidad de una segunda instancia arbitral en Ecuador enfrenta dos valores constitucionales: la eficacia del arbitraje y el derecho a recurrir las decisiones que afectan derechos subjetivos. Aunque la Ley de Arbitraje y Mediación consagra la inapelabilidad del laudo, la creciente complejidad de las controversias plantea la necesidad de un mecanismo excepcional de revisión. A partir de experiencias comparadas, como las de la Corte Española de Arbitraje y el CIAM, se sostiene que una apelación arbitral optativa y limitada puede coexistir con los principios de autonomía, celeridad y confidencialidad, sin desnaturalizar la esencia del arbitraje.

El arbitraje se caracteriza por la flexibilidad, la rapidez y la especialización de los árbitros, pero sobre todo por la confidencialidad, entendida como un deber jurídico esencial. Este artículo sostiene que la vulneración de la confidencialidad por parte de un árbitro constituye un supuesto de responsabilidad civil derivado del carácter contractual del arbitraje. La obligación de reserva encuentra respaldo en la Ley de Arbitraje y Mediación, en los reglamentos institucionales y en la buena fe contractual. Su incumplimiento puede generar daños indemnizables bajo el estándar de culpa leve en el derecho ecuatoriano. Incluso se demostrará que a más de ser necesario garantizar la reparación de los perjuicios, también debe evitarse un exceso de responsabilidad que desincentive la función arbitral.

El uso abusivo de la acción de nulidad en el arbitraje ecuatoriano dilata la ejecución de laudos y afecta la confianza en el sistema. Aunque sus causales son taxativas, generalmente se ha empleado esta figura como estrategia dilatoria, generando retrasos y costos, y desvirtuando la finalidad del arbitraje.

El arbitraje internacional de inversiones en el Ecuador se ha visto caracterizado por etapas donde el Estado ecuatoriano muestra una mayor apertura para su aplicación como método de solución de conflictos, y otras que buscaban densincentivar el uso de esta forma de resolución de controversias. El presente artículo hace un breve resumen de estos periodos y examina la necesidad de modificar el texto del artículo 422 de la Constitución ecuatoriana.

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REGRESARAUTOR: Felipe Castro ZuritaBIOGRAFÍA: N/AResumen: En el caso 34-23-CN, se ha consultado a la Corte Constitucional si el artículo 42 de la Ley de Arbitraje y Mediación es contrario a la Constitución por permitir la ejecución de laudos extranjeros sin...

REGRESARAUTORA: Haly Tran GuevaraBIOGRAFÍA: Asistente Legal en Almeida Guzmán & Asociados. Estudiante de cuarto año de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito.Resumen: La Corte Constitucional ha delimitado el alcance de revisión que puede hacer el...

REGRESARAUTORA: Karla Saneli Condo JayaBIOGRAFÍA: Estudiante de cuarto año de la Facultad de Derecho, Política y Desarrollo de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Miembro del Equipo de Arbitraje y Propiedad Intelectual de la Universidad. Correo...

REGRESARAUTORA: Ana Karina ParraBIOGRAFÍA: Candidata del Geneva LL.M. in International Dispute Settlement del Geneva Center for International Disputes Settlement. Abogada por la Universidad San Francisco de Quito.Resumen: Este artículo pretende aclarar ciertos...

REGRESARAUTORA: Carolina Castillo CamachoBIOGRAFÍA: Senior Lawyer en Biz Latin Hub Ecuador, Coach del Equipo de Arbitraje de la Universidad de las Américas para competencias nacionales e internacionales, Secretaria Arbitral en el Centro de Arbitraje y Mediación...

REGRESARAUTOR: Martín Zambrano VillavicencioBIOGRAFÍA: Candidato del LL.M. en Arbitraje, Litigios y Contratos Internacionales con concentración en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral (Argentina). Abogado por la Universidad Hemisferios (Ecuador). Correo...

REGRESARAUTOR: Gabriel Reina VanegasBIOGRAFÍA: Abogado (UCSG), LLM Maritime Law (Soton), MCIArb, Asociado en Bustamante Fabara, Miembro de los Comités Disciplinarios de LigaPro CAC-CCG. Correos electrónicos: greina@bustamantefabara.com; gabrielxrv@gmail.comResumen:...

REGRESARAUTOR: Jesús Augusto Rojas HernándezBIOGRAFÍA: Abogado del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas (CACC). Egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con Diplomado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública de la Universidad Católica...

El artículo 428 de la Constitución establece que cuando los jueces consideren que una norma jurídica es contraria a la Constitución suspenderán la tramitación de la causa y remitirán en consulta a la Corte Constitucional. No obstante, en la norma constitucional existe una zona de penumbra en la que no es claro si los árbitros también se encuentran legitimados para plantear consultas de norma. Pese a que la Constitución se encuentra próxima a cumplir 15 años, este problema interpretativo no ha recibido mayor atención por parte de la jurisprudencia y la doctrina. Por lo que, el objetivo del presente boletín es examinar algunas de las distintas interpretaciones posibles de esta norma constitucional.

El arbitraje no ha salido ileso del recurrente abuso de las garantías jurisdiccionales, pero la Corte Constitucional ha establecido importantes precedentes que clarifican el ámbito de acción de los operadores judiciales, en aras de garantizar los principios propios del arbitraje y su propia eficacia como mecanismo alterno de solución de conflictos.

El presente artículo aborda cuestiones relativas a la inapelabilidad del laudo y a la acción de nulidad del laudo.

Ana María Larrea, Directora Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado, nos comparte su experiencia como Directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil y consejos sobre como iniciar una carrera arbitral.

Este artículo analiza la sentencia constitucional No. 2573-17-EP/21 y sus implicaciones en el arbitraje.

Este artículo analiza la aplicabilidad de los restatements en el arbitraje

Este artículo analiza la aplicabilidad de la figura de la caducidad a procesos arbitrales