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Ecuadorian Very Young Arbitration Practitioners (ECUVYAP) es un espacio académico y profesional para jóvenes interesados en el arbitraje local e internacional que tienen algún vínculo con Ecuador. 

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La misión del ECUVYAP es fomentar el interés de nuevas generaciones de estudiantes y abogados jóvenes en la práctica de arbitraje local e internacional. De esta manera, el ECUVYAP ofrece una plataforma para que puedan intercambiar opiniones, ideas, proyectos y actividades sociales relacionadas con temas relevantes en materia de arbitraje.

BLOG:

El ECUVYAP Blog es una plataforma digital en la que se publicarán y discutirán temas relevantes y de vanguardia en materia de arbitraje local e internacional. Este espacio busca el desarrollo académico y profesional de sus participantes a través de la publicación de artículos, noticias y opiniones que promuevan el debate académico.

El imperio de los casinos “contraataca:” Ecuador es demandado ante el CIADI

El imperio de los casinos “contraataca:” Ecuador es demandado ante el CIADI

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AUTOR: Leslie Alejandra Pilapaña

El 4 de junio de 2026, la Secretaría General del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) registró la solicitud de arbitraje presentada por los inversionistas Roberto Cuadrado, de nacionalidad española, y Luis Fuentealba Meier, de nacionalidad chilena, contra la República del Ecuador, bajo el Caso CIADI No. ARB/26/26.
La controversia tiene su origen en la prohibición de casinos y juegos de azar aprobada en Ecuador tras el referéndum de 2011. Los demandantes sostienen que las medidas adoptadas por el Estado afectaron las inversiones realizadas a través de Lynton Trading, compañía registrada en Nevada que desarrolló inversiones en el sector de casinos en América Latina.
Este nuevo procedimiento arbitral se produce después de que Lynton Trading perdiera un arbitraje previo iniciado bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador. En dicho caso, la empresa reclamaba aproximadamente USD 214 millones por los perjuicios ocasionados por la prohibición de los casinos. Sin embargo, el tribunal arbitral acogió la objeción jurisdiccional presentada por Ecuador con fundamento en la cláusula de denegación de beneficios, al concluir que la compañía no desarrollaba actividades comerciales sustanciales en los Estados Unidos al momento de presentar la reclamación.
A diferencia del procedimiento anterior, el nuevo reclamo ha sido presentado directamente por los inversionistas, quienes fundamentan su demanda en los tratados bilaterales de inversión suscritos entre Ecuador y España (1996) y Ecuador y Chile (1993), ambos actualmente terminados, así como en el Convenio CIADI y las Reglas de Arbitraje del Centro.
Los demandantes son representados por las firmas Homer Bonner Jacobs Ortiz & Dimond y Rivero Mestre, ambas con sede en Miami, Estados Unidos, mientras que la República del Ecuador comparece representada por la Procuraduría General del Estado.
Este caso constituye un nuevo capítulo en las controversias internacionales derivadas de la prohibición de casinos en Ecuador y pone nuevamente a prueba el alcance de la protección otorgada por los tratados de inversión extinguidos, así como las estrategias procesales empleadas por los inversionistas tras el fracaso de reclamaciones anteriores.

Repercusiones jurídicas derivadas de la incorporación de la apelación arbitral

Repercusiones jurídicas derivadas de la incorporación de la apelación arbitral

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AUTORES: Leslie Alejandra Pilapaña y Charlyn José Torres Turquerrez

BIOGRAFÍA:

Leslie Pilapaña: Abogada por de la Universidad San Francisco de Quito. Miembro del equipo de arbitraje 2026 de la Universidad. Correo electrónico: lesliepilapana@gmail.com

Charlyn Torres: Estudiante de la Universidad San Francisco de Quito de último año. Correo eléctronico: ctorrest@estud.usfq.edu.ec

Palabras Clave:

Arbitraje | Laudo arbitral | Recurso de apelación | Segunda instancia arbitral | Autonomía de la voluntad | Arbitraje en equidad.

1. Introducción
El recurso de apelación de los laudos arbitrales no resulta incompatible con la naturaleza mixta del arbitraje[1] ya que su implementación es posible mediante habilitación legal[2]. Por ello, resulta indispensable analizar algunas de las principales repercusiones jurídicas derivadas de su eventual incorporación en el ordenamiento ecuatoriano. Entre ellas, se encuentran que la procedencia de la apelación dependería de un acuerdo expreso de las partes contenido en el convenio arbitral, que el órgano competente para conocerla debería ser un tribunal arbitral de segunda instancia y que este mecanismo podría operar tanto respecto de laudos dictados en arbitrajes en derecho como en arbitrajes en equidad.

2. El acuerdo de las partes como presupuesto para la apelabilidad de un laudo arbitral
La implementación de una segunda instancia arbitral en el Ecuador deberá estructurarse de tal manera que no altere la celeridad del sistema. Por ello, en la reforma propuesta, la apelación funcionará de manera estrictamente optativa. El único presupuesto habilitante para activar esta vía de revisión será el pacto expreso de los litigantes, de acuerdo con el principio de la autonomía de la voluntad previamente analizado, de modo que el recurso jamás operará por defecto ni se impondrá de forma imperativa.
Esta exigencia de un pacto previo encontrará pleno respaldo en las directrices internacionales. Al respecto, como recoge la doctrina al citar las notas explicativas de la Ley Modelo de la CNUDMI, “nada impide que las partes recurran a un tribunal arbitral de segunda instancia si han previsto de común acuerdo esta posibilidad”[3]. Asimismo, el modelo propuesto acogerá la postura doctrinal que reconoce que la actual restricción legal de intervención judicial “no impide que las partes acuerden que el laudo pueda ser objeto de apelación con fundamento en la autonomía de voluntad”[4].
Consecuentemente, en el esquema que se implementará, el silencio de los contratantes mantendrá intacta la regla de instancia única. Para que el tribunal de alzada adquiera competencia, los justiciables deberán plasmar su decisión de forma indubitable. Esto se materializará, tal como lo sugiere la práctica comparada, conviniendo el recurso “ya sea en la cláusula arbitral, en el acta de misión o en otro instrumento”, o previéndolo “en el reglamento de un centro de arbitraje” al que se sometan[5]. Sin este acuerdo previo e inequívoco, que materializa su soberanía procesal, la apelación resultará procesalmente inadmisible.

3. La segunda instancia arbitral como órgano competente para conocer la apelación de los laudos
La estructuración de un recurso de apelación exige definir con exactitud el órgano idóneo y facultado para conocerlo. Una vez que las partes han acordado excluir la justicia ordinaria desde el inicio, resulta contradictorio encomendar a los jueces estatales la revisión de los méritos de litigio. Al respecto, la doctrina enfatiza que “[c]onformados la renuncia a la jurisdicción estatal y el sometimiento a arbitraje para la solución de la controversia, por obra del convenio arbitral, carecería de sentido que después de pronunciado el laudo los jueces analizaran el fondo de la controversia resuelta en arbitraje”[6].
En este contexto, la intervención de la judicatura ordinaria debe restringirse exclusivamente a la acción de nulidad para precautelar las formalidades del debido proceso. Sobre este límite inquebrantable, Jesús María Gonzáles García advierte que “no tiene sentido ni cabida en nuestro sistema reconocer a los tribunales una potestad de control de laudos que contravenga la libre voluntad de las partes de sustraerse a la tutela jurisdiccional y someterse a la decisión de un árbitro”[7]. Por consiguiente, la anulación se limita exclusivamente a los errores in procedendo y no habilita una revisión de la aplicación del derecho sustantivo efectuada por los árbitros.
Ante la incompetencia material de los jueces estatales para evaluar el mérito de la decisión, la conformación de un tribunal superior netamente arbitral emerge como la única vía jurídica idónea. Este mecanismo procesal, diseñado y ejecutado dentro del propio foro privado por voluntad de los litigantes, se define operativamente de forma sencilla: “Se trata de apelar ante otro nuevo tribunal arbitral, el cual produce un laudo nuevo confirmando o modificando el laudo original”[8]. Al encomendar esta labor a un órgano especializado y distinto, se asegura una corrección técnica sin desnaturalizar el sistema escogido inicialmente.
Finalmente, instaurar este tribunal revisor privado otorga certidumbre y protege las expectativas legitimas de los justiciables frente a equivocaciones sustanciales. Para justificar la necesidad contemporánea de este órgano competente, María Inmaculada Rodríguez Roblero sostiene que
“[p]ara aquellas partes que han decidido optar por una alternativa a la vía judicial, el acudir a un árbitro no puede tampoco ser un azar y si el árbitro que ellas han escogido o se les ha designado se ha equivocado, habrá un tribunal arbitral, dentro del mismo sistema al que ellos han acudido, para valorar si su laudo ha sido correcto o no”[9].
En conclusión, la apelación de los laudos arbitrales debe ser conocida por un tribunal de segunda instancia arbitral, pues ello permite revisar errores sustanciales sin desconocer la voluntad de las partes de excluir a la justicia ordinaria. De este modo, se preserva la autonomía del sistema arbitral y se garantiza una revisión técnica dentro del propio foro arbitral.

4. La apelación de los laudos arbitrales también es procedente en los arbitrajes de equidad
La incorporación de la apelación a los laudos arbitrales dictados en equidad ha sido viable y encuentra sustento, tanto en la doctrina contemporánea como en el derecho comparado. Es así, que la equidad no implica una discrecionalidad en su decisión, quiere decir que decidir bajo equidad no implica apartarse del derecho en su totalidad, pues esto llevaría fallos contrarios a la ley por el pretexto de fallar en equidad[10]. Por ello, el arbitraje no debe entenderse que está inmune a un control.
De la misma forma, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en su sentencia 1057-19-EP/24 ha reconocido que el arbitraje en equidad no excluye la obligación de motivar adecuadamente las decisiones arbitrales. De la misma forma los árbitros, están obligados a pronunciarse sobre las pretensiones que hayan formulado las partes sobre la constitución, la ley y elementos probatorios[11]. Esto quiere decir que el arbitraje en equidad no supone la desvinculación absoluta del ordenamiento jurídico.
Dentro de este contexto, en el derecho comparado de Chile y Venezuela el cual se mencionó con anterioridad, evidencian que la segunda instancia puede coexistir con el arbitraje respetando su naturaleza de autonomía. En Chile, si bien existe una restricción más fuerte respecto al arbitraje en equidad, el sistema admite la revisión cuando las partes no han renunciado expresamente al recurso de apelación. Por parte de Venezuela, reconoce la posibilidad de apelar siempre y cuando este conste expresamente en el compromiso arbitral.
Finalmente, incorporar la apelación respecto a los laudos arbitrales dictados en equidad no resulta una idea incompatible con la naturaleza del arbitraje ni con el principio de autonomía de voluntad. Es así, que la posibilidad de establecer una segunda instancia arbitral por un pacto expreso de las partes y con límites procesales claros, se considera una propuesta jurídicamente viable y compatible con las tendencias de sistemas arbitrales como el chileno y venezolano.

5. Conclusión
En definitiva, la incorporación del recurso de apelación de los laudos arbitrales en el ordenamiento jurídico ecuatoriano no resulta incompatible con la naturaleza del arbitraje, siempre que su implementación respete los principios que lo sustentan, en especial la autonomía de la voluntad. Su procedencia debe depender exclusivamente de un acuerdo expreso de las partes, su conocimiento debe corresponder a un tribunal arbitral de segunda instancia y su aplicación puede extenderse tanto a los arbitrajes en derecho como a los de equidad. Bajo estas condiciones, la apelación no desnaturaliza el arbitraje ni supone una injerencia indebida de la jurisdicción ordinaria, sino que constituye un mecanismo excepcional de revisión que fortalece la seguridad jurídica y la confianza de las partes en el sistema arbitral, sin sacrificar su esencia ni las ventajas que lo caracterizan.

REFERENCIAS

[1] Fernando de Trazegnies Granda, “La publicidad en el arbitraje”, Ius la revista 35, (2007) 62-69, p. 65-66.
[2] Gustavo Andrés Villacreses Brito, María Paula Marroquín Ruiz y Génesis Ariana Bermeo, «Inconstitucionalidad de la inapelabilidad de los laudos en Ecuador», USFQ Law Review 6 (2019), p. 27
[3] Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional [Ley Modelo de la CNUDMI], Ley Modelo, Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, A/40/17 y A/61/17, 21 de junio de 1985 (con enmiendas aprobadas el 7 de julio de 2006), p. 38.
[4] Pedro Rengel Núñez (2020), “La impugnación del laudo arbitral”. AVANI, (6), 177-209.
[5] Rodner S., James Otis: “La anulación del laudo arbitral”. En: Estudios de Derecho Procesal Civil. Libro homenaje a Humberto Cuenca, p. 832.
[6] Fernández Pérez, A. (2017). El arbitraje entre la autonomía de la voluntad de las partes y el control judicial: ( ed.). Barcelona, J.M. BOSCH EDITOR, p. 118.
[7] Jesús María González García, «Límites del control jurisdiccional de los laudos arbitrales y tutela judicial efectiva: la anulación del laudo no es una segunda instancia (a propósito de las SSTC 17 y 65/2021)», Foro, Nueva época 23, núm. 2 (2020), p. 356.
[8] Rodner S., James Otis: «La anulación del laudo arbitral». En: Estudios de Derecho Procesal Civil. Libro homenaje a Humberto Cuenca, p.832.
[9] Rodríguez Roblero, M. I. (2022). Análisis de algunos principios facilitadores del arbitraje. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, (15), 211-228.
[10] Villacreses Brito, G. A., Marroquín Ruiz, M. P., & Bermeo Gallegos, G. A. (2019). Inconstitucionalidad de la inapelabilidad de los laudos en Ecuador. USFQ Law Review, 6(1), 257–283. https://doi.org/10.18272/lr.v6i1.1387
[11] Corte Constitucional del Ecuador. (s. f.). Documento oficial en el sistema ESACC [PDF]. ESACC. https://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic4MWI2MzhiNy1jNDFhLTQ4NjUtYTM0YS1iZjZhMWUwMzY0ZGIucGRmJ30=

ECUVYAP y los autores de este trabajo invitan a todos los lectores a compartir sus comentarios en este blog, para contribuir así a la crítica académica y al debate profesional sobre los contenidos aquí expuestos.

Ecuador en el camino de la inversión: Canadá, y próximamente Marruecos

Ecuador en el camino de la inversión: Canadá, y próximamente Marruecos

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AUTOR: Andrés Solórzano Calvache

La aprobación de la Corte Constitucional, por medio del Dictamen nro. 19-25-TI/25A, del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de las inversiones con Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en la “luz verde” que necesita el gobierno para proseguir con los siguientes próximos acuerdos de inversión. En particular, al horizonte se observa la silueta de dos Estados.
El primero de ellos es Canadá, el conocido hoy de todos por ser el agradable -y menos polémico- anfitrión de la Copa del Mundo. El país norteamericano es parte del G7, una de las economías más fuertes y poderosas del mundo, y parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Según cifras proporcionadas por el Embajador de Canadá en Ecuador, a fecha del 2024, el “comercio bilateral alcanzó casi los 1.400 millones de dólares. El año pasado Ecuador exportó a Canadá casi 1.000 millones de dólares y Ecuador a su vez importó algo más de 400 millones dólares desde Canadá. Pues cabe destacar que nuestro comercio bilateral se incrementó entre 2023 y 2024 en casi el 38 %”. En el marco de este contexto, en mayo del 2024, el Ministro de la Producción del Ecuador y su homólogo canadiense suscribieron una declaración para acelerar la firma del acuerdo comercial. Desde entonces las negociaciones han avanzado y se ha logrado la formulación de un tratado de libre comercio (TLC) cuya suscripción se encuentra pendiente. De forma reciente, el Ministro de la Producción anunció que la firma del mismo se encuentra programada para el mes de julio y que tentativamente se realizará en la ciudad de Ottawa con la presencia del primer mandatario.

El TLC busca eliminar los aranceles sobre todas las exportaciones de bienes industriales canadienses, incluyendo metales, productos químicos, maquinarias textiles, fertilizantes, y gas natural; a su vez, propone eliminar todos los gravámenes sobre las exportaciones canadienses de productos pesqueros y mariscos. Una oportunidad extraordinaria para la industria ecuatoriana.

El segundo país es el Reino de Marruecos. La nación del norte de África en los últimos años se ha convertido en un importante hub financiero, sin embargo, los aranceles a productos ecuatorianos se encuentran entre el 30% y 50%, valores considerados altos en el contexto del comercio internacional. En este contexto, el 12 de mayo del 2026, el Ministro de la Producción suscribió con su homólogo marroquí el Memorando de Entendimiento para la creación del Comité Conjunto Económico y Comercial (JETCO), cuyo objetivo fue identificar qué oportunidades de productos y servicios entre ambos Estados. De lo obtenido por el JETCO, el Ministerio de la Producción ha identificado que el mercado de flores, acuacultura, banano y madera sería atractivo para Marruecos, mientras que Ecuador ha identificado su interés en la industria del fosfato.

No obstante, a diferencia de la situación con Canadá, en el caso de Marruecos aún no existe un borrador de TLC y es necesario aún finiquitar todos los detalles; en razón de esto, el Ministerio de la Producción anunció que la firma del TLC se realizaría a mediados de septiembre y octubre.

Ecuador tiene la oportunidad de posicionarse como un Estado digno de la confianza. La Corte Constitucional ha sentado un precedente, que de reiterarse en los próximos acuerdos, se convertirá en la llave que abra la puerta a la inversión extranjera.

La Universidad San Francisco de Quito se consagra campeón del XV Concurso Nacional de Arbitraje

La Universidad San Francisco de Quito se consagra campeón del XV Concurso Nacional de Arbitraje

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AUTOR: Andrés Solórzano Calvache

Los días 21 y 22 de mayo se celebró en la Universidad de los Hemisferios (UHE) la XV edición del Concurso Nacional de Arbitraje organizado por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana (AMCHAM). La temática de este año giraba en torno a dos ramas que se encuentran en tendencia en el mundo jurídico: los datos personales y la regulación médica; pese a la complejidad y amplitud de matices que contienen estas dos instituciones, los participantes demostraron su compromiso y aptitud de investigación al sostener sus argumentos con fundamentos sólidos.
Sin embargo, la edición de este año marcó un hito histórico al reformar el tradicional esquema de jurisdicción y fondo por la realización de un informe pericial y su respectiva defensa (examination y cross-examination). Una mecánica de concursos internacionales destacados y que es parte de la práctica diaria de los abogados; esto representaba un gran (e inédito) reto para los concursantes. Las audiencias en las rondas preliminares evidenciaron la eficiente preparación de los equipos, al mostrar un alto nivel de experticia en la defensa de los informes periciales y en el contrainterrogatorio. El concurso dejó la agradable sensación que hay una próxima generación de abogados que cuentan con las actitudes y aptitudes para enfrentarse a los retos que presentan los litigios arbitrales del presente y futuro.
La final se realizó entre la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), tras un reñido intercambio de argumentos, la materialización de un pulcro interrogatorio por parte de los participantes de la USFQ, fue el factor que decidió su victoria.

Desde ECUVYAP extendemos nuestras felicitaciones al equipo ganador.

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil inaugura nuevas instalaciones

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil inaugura nuevas instalaciones

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AUTOR: Andrés Solórzano Calvache

El 2 de junio del 2026, la Cámara de Comercio de Guayaquil inauguró las nuevas instalaciones de su Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC) ubicadas en el mezzanine del Centro Empresarial Las Cámaras. La infraestructura es de vanguardia, a la altura de uno de los centros de arbitraje más importantes de la región; cuenta con 3 salas de audiencias (amplias y todas equipadas con tecnología innovadora) y múltiples salas de despacho.

En la inauguración asistió el Monseñor Luis Gerardo Cabrera Herrera, quien dio las bendiciones al lugar, al igual que se contó con la participación de Miguel Ángel González, Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el cual destacó las virtudes del sistema arbitral y la importancia de contar con medio de resolución de conflictos ágil y eficaz que sustente el desarrollo productivo del país. El nuevo centro busca elevar su servicio a contar con todas las herramientas que fortalecen y facilitan la participación en los procesos de arbitraje y mediación.

Desde ECUVYAP felicitamos a la Cámara de Comercio de Guayaquil por la innovación de sus instalaciones, constituyéndose en un referente de arbitraje para Ecuador y Latinoamérica.