DESCRIPCIÓN:

Ecuadorian Very Young Arbitration Practitioners (ECUVYAP) es un espacio académico y profesional para jóvenes interesados en el arbitraje local e internacional que tienen algún vínculo con Ecuador. 

MISIÓN:

La misión del ECUVYAP es fomentar el interés de nuevas generaciones de estudiantes y abogados jóvenes en la práctica de arbitraje local e internacional. De esta manera, el ECUVYAP ofrece una plataforma para que puedan intercambiar opiniones, ideas, proyectos y actividades sociales relacionadas con temas relevantes en materia de arbitraje.

BLOG:

El ECUVYAP Blog es una plataforma digital en la que se publicarán y discutirán temas relevantes y de vanguardia en materia de arbitraje local e internacional. Este espacio busca el desarrollo académico y profesional de sus participantes a través de la publicación de artículos, noticias y opiniones que promuevan el debate académico.

Recién descubierto golpe de Pañaturi contra Ecuador

Recién descubierto golpe de Pañaturi contra Ecuador

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Desde 2014, Servicios Integrados Pañaturi inició contratos de servicios específicos con financiamiento con Petroamazonas (ahora, Petroecuador tras la fusión de 2020). Tres campos petroleros habrían sido los destinados a gozar de sus beneficios: Indillana, Limoncocha, y Yanaquincha.

En 2019 inició funciones un tribunal internacional arbitral con sede en Santiago de Chile para atender las demandas de Pañaturi contra Ecuador. El argumento principal habría sido un incumplimiento por parte de Petroecuador a las tarifas acordadas como contraprestación al aumento de producción, según los contratos.

La pretensión inicial de Pañaturi ascendía a los USD 80 millones. El laudo concedió USD 60 millones.

Nada más está dicho aún; el recurso de anulación está ya planteado por la Procuraduría General del Estado.

Perenco tras USD 412 millones de Ecuador en el mundo

Perenco tras USD 412 millones de Ecuador en el mundo

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Un breve recuento

Perenco mantenía contratos de participación con el Estado ecuatoriano con relación a los bloques petroleros 7 y 21 (en las provincias de Orellana y Napo). En 2006, el gobierno de Alfredo Palacio expidió la «Ley 42» que estableció una participación del Estado sobre el 50% de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos. Después, en 2007, el gobierno de Rafael Correa incrementó a 99% la participación a favor del Ecuador (con el Decreto Ejecutivo 662).

Frente a este escenario, Perenco emprendió en 2008 un proceso arbitral argumentando que la expedición de las normas de 2006 y 2007 implicaban una violación de los contratos y al Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Francia (de 1994).

En 2014 se tuvo un primer laudo que condenaba a Ecuador. Pero, la Procuraduría General del Estado contraatacó planteando reclamos por daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana, causados y originados en los bloques por acciones de la petrolera. Así, en 2015 se tuvo otro laudo, en el cual se concedía la razón a Ecuador —al menos en lo relacionado con el daño ambiental—.

En 2019, el CIADI determinó en USD 488 millones la deuda de Ecuador en favor de Perenco. A este valor se sumó los intereses y el 80% de los costos del proceso arbitral. El Estado encontró defensa en una solicitud de anulación de la decisión.

La historia encuentra un (casi) final en 2021, cuando el tribunal del Banco Mundial laudó en favor de Perenco y condenó a Ecuador al pago de USD 412 millones.

Este valor es un tanto complejo. La pretensión inicial de la petrolera ascendía a USD 1.423 millones. El laudo de 2021 concedió 435 millones, al que se debe restar lo debido por Perenco a Ecuador por los daños ambientales en la Amazonía —y por gastos de los procesos—. Estos últimos valores pueden aproximarse a USD 61 millones. Sin embargo, al monto descontado se debe sumar los intereses de la deuda.

La aventura de Perenco tras el dinero ecuatoriano

Si bien en junio de 2021 el Gobierno del actual presidente ecuatoriano —Guillermo Lasso— se comprometió a pagar la totalidad de la deuda determinada por la justicia arbitral, Perenco ha asegurado que las condiciones de Ecuador para el pago dificultan la ejecución de lo decidido.

La República de Ecuador ha afirmado que el pago de lo adeudado a la petrolera proseguirá una vez esta haya pagado la deuda tributaria que mantiene con el Estado, que ascendería a los USD 35 millones.

La petrolera Perenco no ha querido esperar; a inicios de agosto de 2022, logró que la jurisdicción de Luxemburgo congelara los vienen de su deudor, aprovechando que en la bolsa de este Estado europeo se cotizan bonos de deuda externa del Ecuador.

Ecuador ha negado haber sido notificado sobre el congelamiento de sus activos. Pero también ha asegurado que su capacidad para continuar cumpliendo con las obligaciones que mantiene por sus bonos no se ha visto afecta por la movida de Perenco. No obstante, la petrolera no se ha quedado atrás y ha emprendido también acciones en Reino Unido y Singapur, persiguiendo los activos del país latinoamericano.

Una persecución internacional con secuelas nacionales

Dentro de Ecuador —desde el Ministerio de Economía y Finanzas y así la Procuraduría General del Estado— se ha sostenido que internamente esta derrota también tendrá consecuencias, más allá de las económicas para el gobierno y sus ciudadanos. Los juicios de repetición contra funcionarios públicos responsables (por los actos que llevaron a la condena) serán el siguiente movimiento de Ecuador en la esfera nacional. Es decir, se buscará recuperar el monto pagado por el Estado con dinero de los individuos vinculados con la infracción causa de la deuda.

Parece que la batalla en el CIADI ha terminado, pero no la guerra: Perenco y Ecuador tienen aún varias batallas por enfrentar, en la arena internacional y en la nacional. La historia continuará.

Chile es nuevamente arena de Ecuador contra Gente Oil

Chile es nuevamente arena de Ecuador contra Gente Oil

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Desde 2012, Gente Oil Ecuador mantenía con el Estado ecuatoriano un contrato de prestación de servicios petroleros (explotación y exploración) en el campo «Singue» (bloque 5), ubicado en la Amazonía.

En 2018, la petrolera acusó al Estado de supuestos incumplimientos al contrato. Partiría de la intención de la Contraloría General del Estado de reducir la tarifa que Ecuador le pagaba a la petrolera. Esto ocurrió como consecuencia de la investigación e indicios encontrados por la autoridad sobre la incorrecta determinación de la tarifa de extracción, cosa que generaría responsabilidad penal por un perjuicio al Estado. Paralelamente, el incumplimiento se habría plasmado en las trabas impuestas por el Estado el transporte del crudo desde el campo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

Bajo las reglas de Uncitral, en mayo de 2022 un tribunal de arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje condenó a Ecuador al pago de USD 10,7 millones en favor de Gente Oil por daños morales y patrimoniales derivados de un incumplimiento contractual. La composición aproximada del monto habría sido de USD 6,5 millones por lucro cesante (dadas las restricciones de transporte del petróleo) y USD 3,5 millones por costes hundidos. La pretensión inicial de Gente Oil ascendía a USD 92 millones.

El Tribunal de Apelaciones de la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en Santiago de Chile, tiene ahora a su cargo el recurso de anulación planteado por la República del Ecuador contra el laudo arbitral que lo condenó. Resta esperar el análisis dentro del proceso arbitral.

No está demás recordar que esta controversia en arena internacional también mantiene su dimensión nacional. En las cortes ecuatorianas se analizan la potencial existencia de corrupción en la operación del campo a cargo de Gente Oil durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017). La investigación por peculado, conocida como «Caso Singue», ha involucrado altas figuras del gobierno, como el exvicepresidente Jorge Glas y exministros.

Menciones expresas al arbitraje en el nuevo Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

Menciones expresas al arbitraje en el nuevo Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

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El 20 de junio de 2022 el Presidente de la República expidió el Decreto Ejecutivo 458 que contiene el nuevo “Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”. Este decreto fue publicado en el Registro Oficial 87 de 20 de junio de 2022 y, en virtud de su Disposición Final (incorporada mediante el Decreto Ejecutivo 488) entró en vigencia a partir del 20 de agosto de 2022.

En lo principal, contiene dos artículos que hacen referencia expresa y ratifican al arbitraje como mecanismo de solución de controversias aplicable a disputas relacionadas a contratos públicos. 

La primera norma es el artículo 294 hace referencia a la impugnación de multas contractuales y establece:

Art. 294.-Impugnación de las multas.-De conformidad con el último inciso del artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las multas impuestas al contratista podrán ser impugnadas en sede administrativa a través del recurso de apelación, o en sede judicial o arbitral. En todo lo no previsto en este inciso, se aplicará las disposiciones establecidas en el Código Orgánico Administrativo, con relación al procedimiento administrativo.

En caso de que el contratista desee impugnar las multas impuestas en sede arbitral deberá sujetarse al segundo inciso del artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador y a las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación.

En caso de que el contratista impugne las multas en sede judicial deberá interponer la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la jurisdicción establecida en el contrato y se someterá a las normas que regulan esta clase de procesos judiciales.

Las multas impuestas y debidamente notificadas conforme el procedimiento detallado en el artículo anterior, gozan de presunción de legitimidad y por lo tanto se ejecutarán mientras no se resuelva lo contrario, inclusive mientras son impugnadas. En caso de multas cobradas, que posteriormente hayan sido dejadas sin efecto como producto de la impugnación, estos valores cobrados serán devueltos íntegramente al contratista.”

(el subrayado en negrita es propio)

La segunda norma es el artículo 328 que establece expresamente la posibilidad de incluir en los contratos públicos una cláusula compromisoria o compromiso arbitral. Adicionalmente, y para que no haya lugar a dudas, el artículo 329 que refiere a la solución de controversias en sede jurisdiccional, ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, establece que esta vía solo procederá de no pactarse arbitraje.

Art. 328.-De la cláusula compromisoria o convenio arbitral.-En los contratos podrá incluirse la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de árbitros las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación y pago. El arbitraje será en derecho.

Los árbitros serán tres (3), a menos que las partes decidan acudir a un árbitro único. En las controversias de menor cuantía habrá un solo árbitro. La designación, requerimiento, constitución y funcionamiento del tribunal de arbitraje se regirá por las normas contractualmente estipuladas o las que resulten aplicables. Para la suscripción de esta cláusula se estará a lo dispuesto en la Ley de Mediación y Arbitraje.”

Art. 329.-Controversias en sede jurisdiccional.-De no pactarse cláusula compromisoria o no acordarse ventilar mediante solución arbitral, las controversias derivadas de la suscripción y ejecución del contrato se sustanciarán ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción en el domicilio del actor o demandado, observando lo previsto en la ley de la materia.”

La fase III de Chevron con la Procuraduría General del Estado en Washington DC

La fase III de Chevron con la Procuraduría General del Estado en Washington DC

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A partir de agosto de 2022, se desarrolla en Washington DC la audiencia de la fase III del Caso Chevron. 

Se está llevando a cabo la audiencia en fase III dentro del proceso arbitral que llevan Chevron Corporation y Texaco Patrolium Company contra la República del Ecuador. Si bien el proceso inició en 2009, en 2018 Ecuador recibió un laudo desfavorable (parcial de fase II) que lo determinó responsable de incumplimiento al Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos de América.

La actual fase III tiene por objeto la determinación de la reparación por daño, es decir, la cuantificación del monto de indemnización. Este procedimiento ha sido declarado confidencial, por lo cual la información accesible es limitada.