DESCRIPCIÓN:

Ecuadorian Very Young Arbitration Practitioners (ECUVYAP) es un espacio académico y profesional para jóvenes interesados en el arbitraje local e internacional que tienen algún vínculo con Ecuador. 

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La misión del ECUVYAP es fomentar el interés de nuevas generaciones de estudiantes y abogados jóvenes en la práctica de arbitraje local e internacional. De esta manera, el ECUVYAP ofrece una plataforma para que puedan intercambiar opiniones, ideas, proyectos y actividades sociales relacionadas con temas relevantes en materia de arbitraje.

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El ECUVYAP Blog es una plataforma digital en la que se publicarán y discutirán temas relevantes y de vanguardia en materia de arbitraje local e internacional. Este espacio busca el desarrollo académico y profesional de sus participantes a través de la publicación de artículos, noticias y opiniones que promuevan el debate académico.

Arbitraje Estatutario en Ecuador

Arbitraje Estatutario en Ecuador

Arbitraje Estatutario en Ecuador

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AUTORES: Jorge Moreno Barreto  /  Michelle Vasco

El 28 de febrero de 2020 entró en vigor en nuestro país la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación la cual pretendía modernizar el marco normativo de nuestro derecho societario. Tal es así, que se incorporaron diversas novedades entre las que se encuentra el arbitraje societario o estatutario. Sin embargo, hasta la actualidad existen muchos vacíos que no se han revisado a profundidad respecto de la incorporación de esta figura. 

Primero, es importante detallar la importancia que involucró la incorporación del arbitraje estatutario en nuestra legislación pues trajo consigo una forma independiente y eficaz de solucionar las disputas surgidas entre accionistas. En ese sentido, esta inclusión ha incrementado la posibilidad de solventar disputas con árbitros independientes, evitando la corrupción. Los conflictos en materia societaria que se podrían resolver mediante arbitraje son, entre otros, los siguientes; divergencias en torno a las aportaciones monetarias y no monetarias, impugnaciones de decisiones tomadas dentro de la Junta General y/o Directorios, derechos de los socios y/o accionistas dentro de una sociedad en cuanto a su capacidad de voto, representación, entre otros.

Ahora bien, como se sabe, la piedra angular del Arbitraje es el consentimiento, por lo que el convenio arbitral únicamente surtirá efectos cuando las partes brinden su consentimiento para resolver una controversia presente o futura a través de este método de solución de conflictos. El consentimiento en los arbitrajes estatutarios estaría dado por la inclusión de una cláusula arbitral en el acto constitutivo de una compañía, es decir, en su estatuto. Es así como surge un debate relacionado con el consentimiento en este tipo de arbitraje, pues se cuestiona el perfeccionamiento del consentimiento para socios y/o accionistas que entren a la sociedad posterior a su fundación. 

Existen dos momentos específicos para poder consentir en este tipo de arbitraje: el primero de ellos es al momento de constitución de la sociedad y el segundo, es al momento de que nuevos socios y/o accionistas se incorporan una vez constituida la sociedad. En el primer caso, es inconcebible que se cuestione el consentimiento de la cláusula arbitral dentro del estatuto, ya que los socios están expresando inequívocamente su deseo de que los conflictos relacionados con la compañía se resuelvan mediante arbitraje, como método alternativo de solución de conflictos. 

Sin embargo, para el segundo caso, ocurre un escenario distinto. La incorporación de un nuevo socio o accionista a una sociedad puede darse por varias vías, como lo es la cesión de participaciones o transferencia de acciones. En ese sentido, nos encontramos ante un escenario en donde el nuevo accionista no puede decidir una reformulación de la cláusula arbitral o una reforma en la que se pueda excluir dicha cláusula. Es decir, las condiciones ya se encuentran establecidas y el socio que ingresa a participar en la compañía únicamente debe de regirse a lo establecido en el estatuto. Esto puede suponer para muchos una transgresión al principio de autonomía de voluntad de las partes y de la expresión del consentimiento (vitales para el Arbitraje). 

En línea de lo anterior, cabe considerar que los socios y/o accionistas que ingresan a la sociedad lo hacen conociendo las condiciones en las que ingresarán, es así que, por principio de publicidad, se pone en conocimiento del accionista futuro, las condiciones que rigen a la compañía. Por ende, el querer ingresar a formar parte de la sociedad supone un acuerdo con pleno consentimiento y libre de error, fuerza o dolo en el que se obliga al nuevo socio a solventar las controversias mediante arbitraje. Además, dicha manifestación de voluntad cumple con el artículo 5 de la Ley de Arbitraje y Mediación. 

Adicionalmente, otro problema que hasta la presente fecha no se ha logrado subsanar es el desconocimiento de los árbitros respecto de conflictos societarios. La incorporación del arbitraje societario ha dado paso a que centros de arbitraje puedan incluir árbitros en sus listas o constituir tribunales específicos para poder resolver disputas societarias. Esto es un punto positivo pues, como es de conocimiento general, en la vía judicial no existen jueces de instancia o alguna sala especializada en resolver conflictos societarios. 

En conclusión, la introducción del arbitraje societario a nuestra legislación supuso un paso importante para la modernización de la solución de conflictos entre socios en nuestro país. Adicionalmente, supone un importante reto para la academia, pues continúa el debate con respecto a su correcta aplicación. Finalmente, la opinión vertida en este texto es que no debería existir duda alguna con respecto al consentimiento en el arbitraje societario, pues cumple con todos los preceptos contemplados en la Ley de Arbitraje y Mediación para el efecto, ya sea previo a la fundación de la sociedad o posterior a ello.

Referencias:

  • Eduardo Carmigniani, Carla Cepeda Altamirano y Bernarda Muriel Bedoya, “Arbitraje estatutario en Ecuador: recientes reformas legislativas con errores de bulto” Revista Ecuatoriana de Arbitraje, No. 12 (2021), p. 210. https://iea.ec/pdfs/revista-12/articulos/ARTICULO-7.pdf
  • Roberto Muñoz y Marlen Estévez, “Validez y eficacia del Convenio Arbitral. Editorial King & Wood Mallesons. 2017

Ecuador pone fin a disputa histórica con Perenco

Ecuador pone fin a disputa histórica con Perenco

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El 30 de abril de 2008, inició el proceso arbitral del caso Perenco debido a cambios de reglas contractuales que equivalían a expropiación, específicamente por la adopción de la Ley 42 del 25 de abril de 2006. En esta, se estableció una participación del Estado equivalente a un 50% de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos. Luego, el porcentaje se incrementó al 99 % mediante el Decreto Ejecutivo 662 de 4 de octubre de 2007 dictado durante el gobierno de Rafael Correa. 

El laudo establecido inicialmente en 435,18 millones de dólares, se redujo a 351,69 millones de dólares tras : la deducción de valores por daños ambientales, costos y gastos a favor del Estado, y por el cruce de valores adeudados al Estado por medio del SRI.

Para el pago del monto final, se acordó un cronograma de pagos que se extiende hasta finales del 2023.

Ecuador pierde arbitraje contra MAESSA

Ecuador pierde arbitraje contra MAESSA

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En marzo de 2011, FLOPEC y el Consorcio GLP firmaron un contrato para el suministro, construcción y montaje de un sistema de automatización que permita el transporte de propano y butano desde los buques de aprovisionamiento hasta las esferas de depósito y procesamiento en el proyecto Monteverde. Sin embargo, en diciembre de 2014, FLOPEC declaró terminado el contrato unilateralmente, ejecutó las garantías y ordenó la inclusión del Consorcio a la lista de contratistas incumplidos.

Frente a esto, Mantenimientos, Ayuda a la Explotación y Servicios S.A. (MAESSA), miembro del Consorcio GLP, presentó un arbitraje en 2015. Los demandantes reclamaban 48’315 millones de dólares más intereses, pero el tribunal arbitral condenó a Ecuador a pagar alrededor de 17,4 millones de dólares más intereses y costas en diciembre de 2022. 

La Procuraduría General del Estado señaló que la defensa del Ecuador está analizando el laudo para determinar las acciones a emprender, entre ellas la posibilidad de presentar un recurso de anulación.

Sinohydro propone comprar Coca Codo Sinclair

Sinohydro propone comprar Coca Codo Sinclair

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En mayo de 2021, la Empresa Pública Estratégica de Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) presentó, ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), una demanda en contra de Sinohydro Corporation, debido a las fallas en la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. CELEC estableció que no recibiría definitivamente la central mientras las fallas no se resuelvan a cabalidad. La obra registra miles de fisuras en los distribuidores que envían agua a las turbinas que generan electricidad. 

Ante este problema, Sinohydro propuso soldar las fisuras. Sin embargo, las fallas siguen apareciendo. Ahora, la empresa china propone comprar la hidroeléctrica. Así lo confirmó el Ministro de Energía y Minas, quien señala que Sinohydro se habría comprometido a financiar el costo total de la reparación o la eventual reconstrucción de la central. 

El Estado ecuatoriano está considerado la propuesta, ya que la ve como una forma de recuperar parte de la inversión realizada.

CODELCO y Ecuador posponen nuevamente el arbitraje por el proyecto LLurimagua

CODELCO y Ecuador posponen nuevamente el arbitraje por el proyecto LLurimagua

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La Corporación Nacional del Cobre de Chile, Exploraciones Mineras Andinas S.A. e Inversiones Copperfield (Codelco) y el Estado ecuatoriano, suscribieron un convenio marco en 2008 para la exploración minera de cobre en el proyecto Llurimagua. 

En 2019, se esperaba que la Empresa Nacional Minera y Codelco creen una sola empresa. Sin embargo, el acuerdo no se firmó en el plazo esperado. Codelco presentó un arbitraje en enero de 2022 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI.

Las partes acordaron previamente postergar el inicio del arbitraje hasta el 28 de noviembre de 2022, con la intención de alcanzar un acuerdo sobre el proyecto Llurimagua. Luego, se volvió a posponer el arbitraje hasta el 28 de diciembre de 2022.