El presente artículo analiza las principales repercusiones jurídicas derivadas de la implementación de una segunda instancia para los laudos arbitrales. Este estudio parte de la premisa de que la apelabilidad de un laudo arbitral es jurídicamente posible mediante una habilitación legal expresa y que su incorporación no resulta incompatible con el principio de autonomía de la voluntad. En este contexto, se examinan tres aspectos fundamentales: la necesidad de que la apelación dependa de un acuerdo expreso de las partes, la conveniencia de que sea conocida por un tribunal arbitral de segunda instancia y la posibilidad de extender su aplicación tanto a los arbitrajes en derecho como a los arbitrajes en equidad. A partir del análisis doctrinal, jurisprudencial y del derecho comparado, se concluye que la instauración de una segunda instancia arbitral constituye una alternativa jurídicamente viable para corregir errores sustanciales, sin desnaturalizar el arbitraje ni afectar la exclusión de la jurisdicción ordinaria.

El 26 de septiembre del 2025, la Corte Permanente de Arbitraje emitió el laudo entre Lynton Trading LTD contra la República del Ecuador. El tribunal aceptó la objeción jurisdiccional planteada por el Estado, al determinar procedente la aplicación de la cláusula de denegación de beneficios reconocida en el tratado de inversiones. El presente artículo examinará el concepto de la cláusula de denegación de beneficios en el marco del arbitraje de inversiones, examinando cuál es su finalidad, y bajo qué presupuesto el tribunal lo aplicó en el caso particular, estableciendo como consecuencia , la emisión de nuevos criterios.

El debate sobre la viabilidad de una segunda instancia arbitral en Ecuador enfrenta dos valores constitucionales: la eficacia del arbitraje y el derecho a recurrir las decisiones que afectan derechos subjetivos. Aunque la Ley de Arbitraje y Mediación consagra la inapelabilidad del laudo, la creciente complejidad de las controversias plantea la necesidad de un mecanismo excepcional de revisión. A partir de experiencias comparadas, como las de la Corte Española de Arbitraje y el CIAM, se sostiene que una apelación arbitral optativa y limitada puede coexistir con los principios de autonomía, celeridad y confidencialidad, sin desnaturalizar la esencia del arbitraje.